Antecedentes del caso

La acción de tutela fue presentada por un ciudadano en defensa de su derecho fundamental de petición, luego de que la Secretaría de Hacienda de Bogotá no respondiera oportunamente a solicitudes relacionadas con la prescripción de deudas tributarias del impuesto predial. Inicialmente, el Juzgado Ochenta y Ocho Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Bogotá expresó su incompetencia para tramitar la tutela, argumentando que correspondía a un juzgado de Villapinzón (Cundinamarca), lugar indicado para notificaciones y donde se producirían los efectos de la presunta vulneración. Por su parte, el Juzgado Promiscuo Municipal de Villapinzón se abstuvo de conocer el caso, provocando así un conflicto negativo de competencia entre ambos despachos judiciales. Este conflicto fue remitido a la Sala Plena de la Corte Suprema para su decisión.

Consideraciones jurídicas

La Corte fundamentó su decisión en el artículo 17, numeral 3°, de la Ley 270 de 1996 y en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, junto con normas concordantes que establecen que la competencia para conocer acciones de tutela corresponde, a prevención, a los jueces del lugar donde ocurrió la violación o amenaza de derechos fundamentales o donde razonablemente pueda colegirse que se producen sus efectos. Se recordó que el sistema atributivo de competencia preventiva permite al accionante elegir el juez ante quien formular la solicitud, siempre que el lugar elegido tenga una relación directa con el origen o efectos de la vulneración. La Corte reiteró que el juez del lugar elegido debe asumir la acción sin alegar incompetencia. En este caso, se determinó que la competencia corresponde al Juzgado Ochenta y Ocho...