Antecedentes del caso

La acción de tutela fue presentada por un ciudadano en defensa de su derecho fundamental de petición, luego de que la Secretaría de Hacienda de Bogotá no respondiera oportunamente a solicitudes relacionadas con la prescripción de deudas tributarias del impuesto predial. Inicialmente, el Juzgado Ochenta y Ocho Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Bogotá expresó su incompetencia para tramitar la tutela, argumentando que correspondía a un juzgado de Villapinzón (Cundinamarca), lugar indicado para notificaciones y donde se producirían los efectos de la presunta vulneración. Por su parte, el Juzgado Promiscuo Municipal de Villapinzón se abstuvo de conocer el caso, provocando así un conflicto negativo de competencia entre ambos despachos judiciales. Este conflicto fue remitido a la Sala Plena de la Corte Suprema para su decisión.

Consideraciones jurídicas

La Corte fundamentó su decisión en el artículo 17, numeral 3°, de la Ley 270 de 1996 y en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, junto con normas concordantes que establecen que la competencia para conocer acciones de tutela corresponde, a prevención, a los jueces del lugar donde ocurrió la violación o amenaza de derechos fundamentales o donde razonablemente pueda colegirse que se producen sus efectos. Se recordó que el sistema atributivo de competencia preventiva permite al accionante elegir el juez ante quien formular la solicitud, siempre que el lugar elegido tenga una relación directa con el origen o efectos de la vulneración. La Corte reiteró que el juez del lugar elegido debe asumir la acción sin alegar incompetencia. En este caso, se determinó que la competencia corresponde al Juzgado Ochenta y Ocho Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Bogotá, puesto que en esta ciudad se encuentra la sede principal de la Secretaría de Hacienda de Bogotá, entidad contra la cual se dirige la acción, y donde se origina el acto presuntamente lesivo.

Decisión y efectos

La Corte Suprema resolvió: - Declarar competente al Juzgado Ochenta y Ocho Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Bogotá para conocer la acción de tutela en primera instancia. - Comunicar esta decisión al otro despacho judicial involucrado y al solicitante. - Librar los oficios correspondientes para notificar y cumplir con lo decidido. Esta resolución es relevante porque aclara la aplicación del sistema de competencia preventiva en acciones de tutela relacionadas con entidades públicas y refuerza la posibilidad de que el accionante elija el juez del lugar donde se encuentra la sede principal de la entidad requerida. Así, se facilita la defensa de los derechos fundamentales en el ámbito judicial, promoviendo una mayor eficiencia y certeza en la administración de justicia.

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La Corte Suprema resuelve conflicto de competencia en acción de tutela contra Secretaría de Hacienda de Bogotá

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