La decisión judicial se originó en un proceso laboral donde un vigilante demandó a la empresa para que se declarara la existencia de una relación laboral sin solución de continuidad desde 1991 hasta 2015, y para obtener su reintegro tras un despido sin justa causa. El trabajador alegó que padecía diversas patologías relacionadas con su actividad laboral, por las cuales denunció acoso laboral ante el Ministerio de Trabajo y el comité de convivencia de la empresa. En un acta de conciliación desistió de la querella administrativa y ofreció disculpas a los miembros del comité, con la promesa de que no habría represalias. Sin embargo, fue citado posteriormente a una diligencia de descargos y despedido. El juzgado de primera instancia declaró la ineficacia del despido y ordenó el reintegro del trabajador, junto con el pago de salarios y prestaciones sociales dejados de percibir, además de las cesantías no consignadas. No obstante, en segunda instancia, el Tribunal revocó la orden de reintegro y absolvió a la empresa, confirmando parcialmente las condenas en materia de cesantías. El Tribunal sostuvo que existieron dos contratos laborales sucesivos, pero que el último vínculo se desarrolló de manera continua y en iguales condiciones. Respecto a la discapacidad alegada, concluyó que aunque el trabajador padecía ciertas patologías y contaba con recomendaciones médicas, no se demostró que estas limitaciones afectaran su desempeño laboral al momento del despido ni que estuviera calificado como persona en situación de discapacidad. Por tanto, no aplicaba la estabilidad laboral reforzada prevista en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997. En cuanto a la causal del...