La decisión judicial se originó en un proceso laboral donde un vigilante demandó a la empresa para que se declarara la existencia de una relación laboral sin solución de continuidad desde 1991 hasta 2015, y para obtener su reintegro tras un despido sin justa causa. El trabajador alegó que padecía diversas patologías relacionadas con su actividad laboral, por las cuales denunció acoso laboral ante el Ministerio de Trabajo y el comité de convivencia de la empresa. En un acta de conciliación desistió de la querella administrativa y ofreció disculpas a los miembros del comité, con la promesa de qu ...