Contexto del caso y contrato inicial

El litigio surge de un contrato de prestación de servicios profesionales celebrado entre un mandante y dos mandatarios, quienes se comprometieron a prestar asesoría jurídica y representación en diversos procesos judiciales y administrativos, incluyendo insolvencia económica de persona natural no comerciante, procesos laborales, investigación penal, recisión de partición por lesión enorme, y actuaciones societarias ante asambleas y la Superintendencia de Sociedades. El contrato estipuló que los honorarios serían del 20% sobre lo efectivamente recaudado en cada proceso, con un pago específico para el caso de insolvencia: $100 millones más una comisión de éxito del 5% sobre el capital a pagar, condicionados a la aprobación del acuerdo con acreedores.

Modificación mediante otrosí y controversias

Posteriormente, uno de los mandatarios y el mandante firmaron un otrosí para modificar la cláusula de pago de honorarios, estableciendo montos específicos y plazos para su pago, por un total de $650 millones. Este otrosí no fue firmado por el segundo mandatario, lo que generó controversias sobre su validez y alcance. El mandante se opuso al pago total solicitado, argumentando incumplimientos y mala gestión, mientras que los mandatarios reclamaron el pago de honorarios conforme a lo pactado.

Decisiones judiciales y análisis

La primera instancia reconoció la existencia del contrato y condenó al mandante a pagar una suma parcial de honorarios a los mandatarios, rechazando otras pretensiones. En segunda instancia, se modificó la condena en favor de uno de los mandatarios y se revocaron algunas costas. En el recurso de casación, la Corte Suprema confirmó la validez del contrato y del otrosí para el mandatario que lo suscribió, señalando que la modificación solo afectaba a quien lo firmó y no vinculaba al co-mandatario que no consentió. Se destacó que los contratos de mandato con varios mandatarios requieren consentimiento mutuo para modificaciones que afecten obligaciones esenciales. Respecto a la acreditación de gestiones, la Corte concluyó que uno de los mandatarios sí cumplió con las actuaciones en el proceso de insolvencia, generando derecho a honorarios conforme a lo contratado. Sin embargo, no se acreditaron adecuadamente gestiones en otros procesos como laborales o penales, por lo que no correspondía pago de honorarios en esos...

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La Corte Suprema de Justicia define alcance de honorarios en contrato de prestación de servicios profesionales

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