Ministerio de Salud y Protección Social expide resolución sobre categorización del riesgo de las Empresas Sociales del Estado para 2025
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3 de junio de 2025 19:2:55
Entidades involucradas y contexto normativo
El Ministerio de Salud y Protección Social, en uso de las facultades conferidas por el artículo 80 de la Ley 1438 de 2011, emitió la Resolución 00001122 el 30 de mayo de 2025, publicada en el Diario Oficial No. 53.133. Esta resolución tiene como propósito principal efectuar la categorización del riesgo de las Empresas Sociales del Estado (ESE) del nivel territorial para la vigencia 2025, aplicando la metodología adoptada en la Resolución 2509 de 2012, modificada por la Resolución 2249 de 2018.
Para la elaboración de esta categorización, el Ministerio se apoyó en informes técnicos remitidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Superintendencia Nacional de Salud y la información reportada por las propias ESE a las entidades territoriales de salud, conforme a lo estipulado en diversas normativas reglamentarias, entre ellas el Decreto 1068 de 2015 y el Decreto 780 de 2016.
Objeto y destinatarios de la resolución
La resolución está dirigida a todas las Empresas Sociales del Estado del nivel territorial que, a la fecha de corte del 2 de mayo de 2025, se encuentran registradas en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS). Estas entidades son responsables de la prestación de servicios de salud pública en sus respectivas jurisdicciones, por lo que su situación financiera y operativa es crucial para el mantenimiento y la calidad del sistema de salud público.
El objetivo fundamental es clasificar a estas ESE según su nivel de riesgo financiero y operativo, con el fin de identificar aquellas que requieren atención prioritaria para garantizar la continuidad y sostenibilidad de los servicios que ofrecen a la población.
Principales decisiones y regulaciones
La resolución establece que no serán objeto de la metodología de categorización del riesgo aquellas ESE que cuentan con Programas de Saneamiento Fiscal y Financiero (PSFF) viabilizados o en trámite de viabilidad ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Esta excepción busca asegurar la continuidad en la ejecución de dichos programas, orientados a lograr el equilibrio y la sostenibilidad financiera a mediano y largo plazo.
Asimismo, se excluyen del proceso aquellas ESE que se encuentran adelantando acuerdos de reestructuración de pasivos ante la Superintendencia Nacional de Salud, y las que forman parte de procesos de fusión por absorción implementados por entidades territoriales, como el caso mencionado del Departamento de Sucre.
Por otro lado, las ESE que a la fecha de corte no hayan presentado la información anual consolidada, validada y reportada por las direcciones territoriales de salud al Ministerio serán categorizadas automáticamente en riesgo alto, enfatizando la importancia de la transparencia y la entrega oportuna de datos para la evaluación.
Para las ESE que cumplen con los requisitos de información, se aplicará la metodología definida en las resoluciones previas para asignar su nivel de riesgo en categorías que van desde sin riesgo hasta riesgo alto. Los resultados se detallan en anexos técnicos que acompañan la resolución.
Además, la resolución dispone que los saldos no ejecutados o no distribuidos por las entidades territoriales del Fondo de Salvamento y Garantías para el Sector Salud (FONSAET) se destinarán al financiamiento de los Programas de Saneamiento Fiscal y Financiero viabilizados, garantizando así el apoyo financiero a las ESE en proceso de recuperación.
Base legal y fundamentos
La categorización se fundamenta principalmente en el artículo 80 de la Ley 1438 de 2011, que confiere al Ministerio de Salud y Protección Social la responsabilidad de evaluar el riesgo de las Empresas Sociales del Estado. La metodología aplicada está regulada por la Resolución 2509 de 2012 y sus modificaciones posteriores, que establecen los criterios técnicos para esta evaluación.
La información financiera y presupuestal utilizada proviene de los reportes que las ESE deben entregar conforme a lo establecido en el Decreto 780 de 2016, y los informes del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Superintendencia Nacional de Salud, conforme a lo dispuesto en el Decreto 1068 de 2015.
Impacto y relevancia de la resolución
Esta resolución es una herramienta esencial para la gestión del sistema público de salud en Colombia, ya que permite identificar de manera objetiva las ESE que enfrentan mayores riesgos financieros y operativos. Esto facilita la toma de decisiones oportunas por parte de las autoridades, orientadas a fortalecer la sostenibilidad de estas entidades y, por ende, la garantía del acceso a servicios de salud de calidad para la población.
Al excluir temporalmente del proceso a las ESE que están en programas de saneamiento o reestructuración, se protege la continuidad de esfuerzos en marcha para la recuperación financiera. Al mismo tiempo, la categorización de riesgo alto para aquellas que no reportaron información busca incentivar el cumplimiento y la transparencia.
El listado detallado de ESE categorizadas, así como aquellas excluidas del proceso, ofrece una visión clara y precisa del estado del sector, lo que puede servir también como referencia para la ciudadanía, investigadores y otros actores interesados en la salud pública.
Modificaciones y vigencia
La Resolución 00001122 de 2025 actualiza la categorización del riesgo para la vigencia 2025, tomando en cuenta las modificaciones normativas y la información más reciente. No obstante, mantiene y desarrolla la metodología establecida en disposiciones anteriores, sin revocar expresamente resoluciones previas, sino incorporando sus ajustes y complementos.
La resolución entra en vigencia desde su fecha de expedición, el 30 de mayo de 2025, y establece plazos claros para la entrega de información y comunicación de resultados, asegurando la transparencia del proceso.
Este contenido fue escrito con la asistencia de JurIA, la inteligencia artificial de Avance Jurídico. Además, contó con la revisión del equipo jurídico y del editor.
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