Antecedentes del caso

Una empresa dedicada al transporte público colectivo de pasajeros fue sancionada con una multa equivalente a 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes por presuntamente despachar servicios en rutas no autorizadas. La autoridad administrativa que impuso la sanción fue el Área Metropolitana de Barranquilla, entidad encargada de la inspección, vigilancia y control del transporte público colectivo en su jurisdicción. Inicialmente, la sanción se fundamentó en el literal o) del artículo 22 del Decreto 3366 de 2003, norma que fue declarada nula por el Consejo de Estado en 2009 por exceder la potestad reglamentaria y violar la reserva de ley en materia sancionatoria. Posteriormente, el acto sancionatorio fue confirmado mediante recurso de reposición, aunque se reconoció un error de digitación en la referencia normativa, que debía señalar el literal o) del artículo 14 del mismo decreto.

Análisis jurídico y decisión del Consejo de Estado

La Sala Primera revisó el caso y estableció que el principio de legalidad, consagrado en la Constitución Política, exige que las conductas sancionables y las sanciones estén previamente definidas en la ley. En este sentido, el decreto señalado para fundamentar la sanción fue declarado nulo porque reglamentó sanciones sin respaldo legal, constituyendo una extralimitación de la potestad reglamentaria. El Consejo recordó que la nulidad de un acto administrativo tiene efectos ex tunc, es decir, retroactivos, y afecta las situaciones jurídicas no consolidadas, aquellas que aún son susceptibles de debate en sede administrativa o judicial. En este caso, al encontrarse en trámite la controversia ante la jurisdicción contenciosa administrativa, la nulidad se aplicó de manera inmediata. Por lo anterior, la Sala revocó...