Contexto y antecedentes del caso

El 13 de agosto de 2012, la Alcaldía del municipio de San Luis impuso una medida preventiva consistente en la suspensión de las actividades mineras realizadas por una empresa de explotación de caliza en el corregimiento de Payandé, argumentando graves afectaciones ambientales y a la salud de la comunidad. Esta decisión se basó en un estudio técnico contratado por la administración municipal. Posteriormente, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) avocó conocimiento de la medida y, mediante resolución del 10 de septiembre de 2012, decidió levantarla, al no encontrar sustento técnico suficiente para mantenerla vigente. Contra esta decisión, la Alcaldía interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.

Argumentos y pronunciamientos judiciales

El Tribunal Administrativo del Tolima negó las pretensiones de la demanda, decisión que fue apelada por la Alcaldía. En el recurso de apelación se alegó, entre otros aspectos, la vulneración del derecho al debido proceso, argumentando que la ANLA levantó la medida sin mediar etapa probatoria ni permitir la participación y contradicción de la autoridad que la impuso. También se cuestionó que el concepto técnico en que se fundamentó la decisión no fue conocido previamente por la Alcaldía. El Consejo de Estado analizó detalladamente los hechos y las normas aplicables, destacando que la facultad a prevención regulada en la Ley 1333 de 2009 habilita a las autoridades ambientales para imponer medidas preventivas sin que ello implique la apertura inmediata de un proceso sancionatorio. Asimismo, precisó que el trámite para levantar dichas medidas no requiere una etapa probatoria formal ni la intervención de terceros, sino una motivación suficiente basada...