Contexto y antecedentes del caso

La acción de tutela fue interpuesta contra una providencia judicial que aceptó la cesión de un crédito dentro de un proceso ejecutivo hipotecario, reemplazando al demandante inicial por un tercero. La accionante cuestionó que esta sustitución se llevara a cabo sin su aceptación expresa, lo que, a su juicio, vulnera su derecho al debido proceso. El fallo original del 23 de abril de 2025 negó el amparo constitucional solicitado, argumentando que no se había agotado el recurso de apelación previo, requisito de subsidiariedad para la procedencia de la tutela. La impugnación presentada sostiene que este recurso era improcedente en este caso, por lo que la negativa de tutela sería errónea.

Procedencia del recurso de apelación y la figura de sucesión procesal

El análisis jurídico gira en torno al artículo 321 del Código General del Proceso, que establece taxativamente cuáles autos son apelables, entre ellos, aquellos que niegan la intervención de sucesores procesales o terceros. Sin embargo, en este caso, las providencias judiciales impugnadas aceptaron la cesión y permitieron la intervención del nuevo demandante, por lo que no negaron la intervención del sucesor procesal. Se destaca que la cesión de derechos litigiosos, regulada en el artículo 68 del Código General del Proceso, permite que quien adquiere el derecho pueda intervenir como litisconsorte o sustituir al titular anterior si la parte contraria lo acepta expresamente. La controversia está en que la intervención del cesionario fue admitida sin la aceptación expresa de la contraparte demandada. Dicho esto, el recurso de apelación solo procede cuando se niega la intervención del sucesor procesal, situación que no...