El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, a través de su sala civil y área constitucional, admitió una acción de tutela interpuesta contra el Juez 9 Civil del Circuito de Bogotá y la Dirección de Impuestos Nacionales (DIAN). La admisión se fundamenta en el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 14 del Decreto 2591 de 1991. Entre las disposiciones emanadas, se ordena lo siguiente: - Correr traslado al ente accionado para que, en un término de un día, se pronuncie sobre los hechos que fundamentan la solicitud de amparo, garantizando así el derecho de defensa. - Ordenar al juzgado convocado realizar la notificación a todas las personas naturales o jurídicas que intervienen en calidad de partes procesales, apoderados o en cualquier otra calidad, para que puedan pronunciarse sobre los hechos base de la acción dentro del mismo término. - Publicar un aviso en la página web de la Rama Judicial, específicamente en el micrositio del despacho accionado, con el fin de notificar a las partes e interesados sobre el inicio del trámite constitucional. Esta medida busca suplir la posible imposibilidad de notificación personal y evitar nulidades procesales. - Notificar el contenido de la providencia a las partes conforme al artículo 16 del Decreto 2591 de 1991. Estas medidas se enmarcan en la Ley 22131 de 2022, que establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020 y busca implementar tecnologías de la información y comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizando los procesos y flexibilizando la atención a los usuarios del servicio de justicia. En resumen, la admisión de esta acción de tutela implica un paso fundamental para garantizar el derecho de defensa y la correcta notificación de las partes en el proceso judicial identificado con el radicado No. 11001 3103 009 2017 00686 00. La publicación del aviso en línea y los plazos establecidos buscan asegurar la transparencia y la participación efectiva de todos los involucrados. Este trámite refleja la importancia de los mecanismos constitucionales para proteger derechos fundamentales dentro del ámbito judicial, adaptando las notificaciones a medios digitales cuando sea necesario para evitar retrasos o nulidades. De esta manera, se fortalece la confianza en el sistema judicial y se promueve una justicia más eficiente y accesible para todos los ciudadanos.