Contexto y antecedentes del caso

El proceso judicial se originó a partir de un conflicto en torno a la liquidación de un crédito aprobado desde 2013, en el cual se solicitaba dejar sin valor un auto que negó la modificación de dicha liquidación para excluir un pagaré ya cancelado. Además, se pedía la autorización para ingresar al predio embargado a fin de realizar un avalúo comercial, y la designación de un nuevo secuestre para administrar el bien. El juzgado de primera instancia declaró improcedente la tutela, argumentando que la accionante no agotó el conducto regular, pues los asuntos planteados debían ser resueltos primero por la autoridad judicial competente en el proceso ejecutivo. También se señaló la configuración de temeridad en la petición relacionada con la designación del secuestre, debido a que ya había sido resuelta previamente.

Fundamentos de la impugnación

La impugnación cuestiona la decisión del juzgado, alegando que sí se agotó el conducto regular mediante solicitudes formales enviadas con anterioridad para relevar al grupo auxiliar de la justicia encargado y permitir el acceso al predio para efectuar el avalúo comercial. Se argumenta que el juzgado permaneció inerte ante dichas solicitudes, dificultando el avance del proceso. También se denuncia la permanencia de la parte demandante en el predio a través de un empleado, situación que contradice la naturaleza del embargo, que limita el dominio del propietario pero no debe impedir la percepción de frutos o rentas del bien. La impugnación señala que el auxiliar de la justicia incumplió sus funciones durante más de 20 meses, generando un posible daño patrimonial.

Cuestiones técnicas y procesales

Se cuestiona la...