El caso tiene su origen en una acción de tutela promovida contra la Contraloría General de la República, en la que se reclamaba la protección del derecho al debido proceso y acceso a la administración de justicia en un proceso de responsabilidad fiscal. El accionante cuestionó la resolución mediante la cual se declaró infundada la recusación de un miembro de la Gerencia Departamental Colegiada, argumentando un posible conflicto de interés por la relación familiar con una funcionaria de una entidad involucrada en el proceso.

Contexto y antecedentes del proceso

El proceso de responsabilidad fiscal inició con un fallo emitido en diciembre de 2024. Posteriormente, el funcionario recusado fue cuestionado por una causal prevista en la Ley 1437 de 2011 debido a la vinculación familiar mencionada. Sin embargo, la Contraloría General determinó que no existía impedimento, basándose en que la familiar no participó en los hechos del proceso y que su nombramiento fue posterior a los hechos investigados. Además, el fallo cuestionado fue declarado nulo en marzo de 2025, incluyendo la nulidad del auto de imputación. Esto implicó que las actuaciones posteriores, entre ellas la recusación, quedaron sin efecto jurídico y que el funcionario recusado ya no ocupaba el cargo.

Consideraciones jurídicas del Tribunal Superior

El Tribunal recordó que la acción de tutela es un mecanismo subsidiario y excepcional para la protección de derechos fundamentales, que solo procede cuando no existen otros medios judiciales idóneos y eficientes o cuando se demuestra la inminencia de un perjuicio irremediable. En este sentido, se destacó: - El derecho al debido proceso, consagrado en el artículo 29 de la Constitución, es...