Antecedentes del caso

La acción de tutela fue presentada en primera instancia contra dos juzgados civiles y el Centro de Servicios Administrativos Jurisdiccionales para los Juzgados Civiles y de Familia de Bogotá. Se solicitó la protección de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, alegando una demora en la remisión y reparto de un expediente judicial relacionado con un proceso coercitivo.

Decisión de la Sala

El Tribunal Superior determinó que la tutela no procede debido a que la persona que interpuso la acción no contaba con la legitimación activa necesaria para actuar en nombre de la parte directamente afectada. Se recordó que para ejercer la acción de tutela en representación de otro, es imprescindible contar con un poder especial que faculte para tal efecto, requisito que no fue acreditado. En cuanto a la supuesta demora en el trámite, se constató que el expediente ya había sido remitido y repartido al juzgado correspondiente, superando así la situación que motivó la solicitud de tutela. La jurisprudencia establece que cuando la causa que originó la tutela ha cesado o el perjuicio ha sido reparado, la acción pierde su objeto y debe declararse improcedente.

Implicaciones y conclusiones

Esta providencia reafirma la importancia de la legitimación activa para la interposición de acciones de tutela, especialmente cuando se actúa en representación de terceros. También destaca que la tutela es un mecanismo excepcional y subsidiario, que solo procede cuando no existen otros medios judiciales efectivos o cuando se busca evitar un perjuicio irreparable. Finalmente, el Tribunal ordenó notificar la decisión a las partes y remitió el expediente a...