Antecedentes del caso y actores involucrados

El proceso surgió a partir de una acción de tutela presentada contra la Superintendencia de Sociedades, el coordinador del Grupo de Pequeñas Intervenciones Judiciales y la agente interventora, en el contexto del proceso de liquidación judicial de una sociedad intervenida. Los accionantes, quienes ostentaban la calidad de antiguos representantes legales de las sociedades involucradas, solicitaron acceso a documentos relacionados con personas reconocidas como víctimas en la providencia de intervención, así como la actualización de listas de afectados y posibles ajustes en los montos adeudados.

Derecho de petición y debido proceso en el contexto judicial

La Superintendencia de Sociedades respondió que la representación de las entidades intervenidas correspondía a la auxiliar de justicia, y que las solicitudes presentadas en el curso de una actuación judicial debían resolverse conforme a las normas procesales aplicables, no bajo el derecho de petición ordinario. Se destacó que una de las solicitudes fue rechazada por falta de poder de representación, mientras que otras fueron puestas en conocimiento de la interventora. El Tribunal recordó que la tutela es un mecanismo subsidiario para proteger derechos fundamentales cuando no existen otros medios judiciales efectivos o para evitar perjuicios irremediables. En este caso, las solicitudes estaban vinculadas a actuaciones judiciales sujetas a procedimientos específicos, por lo que no procedía la protección bajo el derecho fundamental de petición. No obstante, se advirtió que la ausencia de pronunciamiento oportuno podría constituir una violación al debido proceso y al acceso a la administración de justicia por morosidad.

Decisión y recomendaciones del Tribunal

El Tribunal Superior de Bogotá negó el amparo solicitado, considerando improcedente la tutela respecto al derecho de petición y superada la causa en relación con el debido proceso, dada la actuación ya realizada por la Superintendencia de Sociedades. Sin embargo, exhortó a la agente interventora para que se pronuncie sobre las peticiones pendientes que solo habían sido radicadas ante ella, en cumplimiento de lo dispuesto en la providencia de mayo de 2025. Finalmente, se ordenó notificar la decisión con la mayor prontitud a las partes y remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de acuerdo con la normativa vigente. Esta resolución reafirma la distinción entre actos judiciales y administrativos dentro de los procesos judiciales, y la necesidad de respetar los términos legales para garantizar el debido proceso y la tutela judicial efectiva, asegurando así la protección de los derechos de todas las partes involucradas.

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Tribunal Superior de Bogotá niega tutela contra la Superintendencia de Sociedades y exhorta a interventora a pronunciarse sobre peticiones

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