El caso se originó a partir de una tutela interpuesta contra el Juez 2° Civil del Circuito de Bogotá, en el contexto de una acción popular cuya tramitación presentaba retrasos. El accionante solicitaba, entre otras medidas, que el juzgado resolviera peticiones pendientes en un término máximo de 48 horas, impulsara el trámite del proceso y respetara los principios constitucionales de publicidad, economía, celeridad y eficacia. El proceso contaba con una audiencia de pacto de cumplimiento y apertura a pruebas, pero se evidenciaron omisiones en la atención de solicitudes de adición al auto de pr ...