Antecedentes del caso

La acción de tutela fue presentada ante presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia. El amparo fue promovido debido a la supuesta demora injustificada en la resolución de la solicitud de terminación del proceso ejecutivo, tras el pago total de la obligación reclamada. La parte accionante solicitaba que se diera celeridad al trámite y se levantaran las medidas cautelares impuestas.

Decisión del tribunal

El tribunal revisó el caso y constató que, con fecha anterior a la decisión de tutela, el juzgado de primera instancia había emitido auto decretando la terminación del proceso ejecutivo por pago total, ordenando además el levantamiento de las medidas cautelares y el archivo del expediente. Esta actuación superó la supuesta vulneración al derecho al debido proceso. En consecuencia, el tribunal consideró que la acción de tutela perdió objeto al haberse cumplido la solicitud que motivó el amparo. Se recordó que la jurisprudencia de la Corte Constitucional establece que la tutela es improcedente cuando la autoridad cumple la petición antes de la decisión judicial, ya que carece de sentido emitir un mandato en tales circunstancias.

Impacto jurídico

La decisión reafirma el principio de que la acción de tutela no procede contra providencias judiciales cuando estas no vulneran de manera ostensible derechos fundamentales o cuando la eventual irregularidad se corrige antes de la decisión de fondo. Además, se reconoce la importancia de que los procesos judiciales se surtan con la debida celeridad para garantizar el acceso efectivo a la justicia.

Conclusión

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá negó la tutela por falta...