El 19 de mayo de 2025, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, admitió a trámite una acción de tutela presentada por una sociedad en proceso de reorganización empresarial contra la Superintendencia de Sociedades. La acción se fundamenta en la presunta violación del derecho fundamental de petición, consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia.

Antecedentes de la tutela

En la tutela se denuncia que la sociedad solicitó en varias ocasiones el levantamiento y cancelación de la prenda sobre la totalidad de sus bienes, la cual fue registrada en garantías mobiliarias operadas por Confecámaras. Estas solicitudes fueron radicadas ante la Superintendencia en octubre y noviembre de 2024, así como en enero y abril de 2025, sin que hasta la fecha se haya recibido una respuesta clara y de fondo por parte de la entidad.

Medidas ordenadas por el tribunal

El tribunal, por medio de providencia, requirió a la Superintendencia de Sociedades que en el término improrrogable de un (01) día contado a partir de la notificación, responda a lo planteado en la acción y remita un informe pormenorizado de los antecedentes del caso. Además, ordenó que la entidad notifique a todas las partes procesales, apoderados y demás intervinientes en el proceso de reorganización empresarial. Para prevenir nulidades procesales, se dispuso la fijación de un aviso en el micrositio de la Sala Civil, convocando a todos los interesados en el proceso para que puedan intervenir en esta acción constitucional. La providencia establece que la notificación deberá hacerse por el medio más expedito y eficaz tanto a la parte accionante como a la accionada.

Importancia y contexto de la decisión

Esta decisión judicial destaca la importancia de garantizar el derecho fundamental de petición en los procesos administrativos y judiciales, especialmente en procedimientos tan sensibles como los de reorganización empresarial. La Superintendencia de Sociedades está ahora obligada a responder con prontitud y claridad a las solicitudes de la sociedad en reorganización. La acción de tutela se inscribe en un contexto donde la sociedad ha cumplido con las obligaciones crediticias y comerciales derivadas del acuerdo de reorganización aprobado por la Superintendencia, pero enfrenta dificultades para que se levanten las medidas cautelares registradas sobre sus bienes. Este caso pone de relieve la necesidad de que las entidades administrativas atiendan oportunamente las peticiones de los ciudadanos y empresas, evitando vulneraciones a derechos constitucionales y asegurando la transparencia y eficacia en sus actuaciones. La resolución del Tribunal Superior de Bogotá marca un precedente relevante para la protección de los derechos de las empresas en procesos de reorganización, enfatizando la responsabilidad de las autoridades en garantizar respuestas oportunas y fundamentadas.