Contexto del caso y antecedentes

En un proceso ejecutivo hipotecario iniciado por un banco contra un deudor que no pudo continuar pagando las cuotas debido a dificultades económicas desde 2015, la entidad financiera cedió la obligación a una sociedad de cobranza que actualmente funge como ejecutante. El inmueble objeto de la garantía hipotecaria es habitado por la familia del deudor, incluyendo a una persona con condiciones de salud que requieren un lugar estable para su residencia. La deuda se incrementó considerablemente a más de 409 millones de pesos, según la última liquidación presentada en el proceso.

Petición de la acción de tutela

La acción de tutela fue presentada por una representante quien alegaba actuar en nombre del deudor, solicitando la protección de derechos fundamentales como la vida digna, igualdad, mínimo vital, salud y debido proceso. Se pidió la suspensión del diligenciamiento para evitar el remate del inmueble y la intervención de la Personería Distrital y la Defensoría del Pueblo.

Respuesta del juzgado y evaluación del tribunal

El titular del juzgado accionado indicó que todas las actuaciones en el proceso ejecutivo han sido debidamente notificadas y que se han aprobado las liquidaciones de crédito y costas. También informó que los inmuebles están embargados, secuestrados y avaluados, y que la fecha para el remate fue fijada para julio de 2024. La representación legal del deudor había renunciado al poder conferido, lo que fue alegado para cuestionar la legitimación para presentar la tutela.

Consideraciones jurídicas y decisión

El tribunal recordó que la tutela es un mecanismo subsidiario y extraordinario, procedente solo cuando no existen otros medios judiciales para la protección...