Contexto del caso y antecedentes

La acción de tutela fue interpuesta por un estudiante egresado en proceso de grado del programa de Derecho, quien alegó que el Consultorio Jurídico de la universidad vulneró sus derechos al debido proceso y a la educación. La controversia surge por la imposición de ocho anotaciones negativas durante su práctica en la Sala Penal del Consultorio, cuya validez fue cuestionada por la omisión de trámites establecidos en el Reglamento Interno y en el Manual de Estudiantes de la referida Sala. El estudiante argumentó que, conforme a los artículos 11.2.7 y 11.2.8 del Manual, el monitor y los abogados de la Sala Penal tenían la obligación de convocar reuniones de rendimiento y solicitar informes escritos en determinados casos, obligaciones que no fueron cumplidas. Esta omisión habría generado vicios sustanciales en el procedimiento y afectado su derecho a la defensa, además de retrasar su proceso de grado en más de un año y ocasionar un daño económico por la necesidad de repetir la práctica. El Juzgado 57 Civil Municipal de Bogotá dictó fallo negando la tutela, decisión que fue impugnada ante el Juzgado 50 Civil del Circuito de Bogotá. Este último confirmó el fallo de primera instancia, fundamentando principalmente en la autonomía universitaria y en la supuesta ausencia de vulneración al debido proceso.

Argumentos clave y análisis jurídico

El estudiante cuestionó que el juzgado confundió las obligaciones obligatorias de convocatoria de reuniones y solicitud de informes con las reuniones facultativas que el estudiante puede solicitar para controvertir anotaciones negativas. Subrayó que la omisión de estas obligaciones reglamentarias configura un vicio procesal grave,...