La Sala Sexta de Decisión Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante providencia fechada el 28 de mayo de 2025, declaró improcedente la acción de tutela interpuesta contra el fallo de segunda instancia que confirmó la negativa a expedir un certificado de aprobación por una práctica realizada en el Consultorio Jurídico de una universidad.

Antecedentes del caso

El accionante, estudiante de Derecho, impugnó la calificación negativa recibida en la práctica del Consultorio Jurídico, alegando vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la educación y a la tutela judicial efectiva. La acción de tutela fue inicialmente conocida por un Juzgado Civil Municipal, que negó el amparo basándose en el principio de autonomía universitaria y en las disposiciones reglamentarias internas del Consultorio. La decisión fue confirmada en segunda instancia por un Juzgado Civil del Circuito de Bogotá, motivando la interposición de la acción de tutela contra esta sentencia.

Trámite procesal y posicionamientos

Durante el trámite, se notificó al juzgado accionado, a la universidad y a entidades educativas vinculadas. En sus informes, el juzgado accionado señaló que la acción de tutela no es procedente para controvertir sentencias judiciales, salvo en circunstancias excepcionales. La universidad informó que las anotaciones negativas obedecieron a incumplimientos objetivos del estudiante y que la decisión judicial se basó en hechos probados. Por su parte, el Ministerio de Educación y la Secretaría Distrital de Educación manifestaron la improcedencia de la tutela para revocar decisiones judiciales, destacando la importancia de la cosa juzgada y la seguridad jurídica.

Consideraciones y decisión del tribunal

El tribunal resaltó que la tutela es un mecanismo excepcional y subsidiario, diseñado para proteger derechos fundamentales cuando no existen otros medios judiciales efectivos. En el caso de acciones contra sentencias de tutela, la jurisprudencia establece que solo procede en circunstancias de extrema gravedad, como la existencia de cosa juzgada fraudulenta o violaciones sustanciales al debido proceso durante el trámite. El análisis del expediente evidenció que no se superaron estos umbrales. La controversia se centró en desacuerdos con las calificaciones y decisiones del Consultorio Jurídico, respecto a las cuales la universidad aplicó criterios reglamentarios claros y notificó debidamente al estudiante. En consecuencia, el Tribunal Superior negó la tutela por improcedente, confirmando la validez del fallo que ratificó la calificación negativa en la práctica universitaria y reafirmando la autonomía universitaria y la procedencia limitada de la acción de tutela frente a sentencias judiciales. Esta decisión reafirma la importancia de respetar los procedimientos internos de las instituciones educativas y limita el uso de la tutela para impugnar decisiones judiciales ya emitidas, garantizando la seguridad jurídica y el respeto a la cosa juzgada. De este modo, se mantiene el equilibrio entre la protección de derechos fundamentales y la estabilidad del sistema judicial, fortaleciendo la confianza en la autonomía de las universidades para evaluar y certificar a sus estudiantes conforme a sus reglamentos internos.