Contexto y hechos relevantes

El caso se originó en una acción de protección al consumidor interpuesta en 2019 contra Constructora Las Galias S.A.S., seguida inicialmente ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). En el proceso, la SIC decretó una medida cautelar y posteriormente emitió sentencias de primera y segunda instancia, con apelaciones y recursos extraordinarios que llegaron hasta la Corte Suprema de Justicia. Tras diversas decisiones judiciales, el expediente fue enviado nuevamente a la SIC en 2023 para continuar con el trámite. Sin embargo, la sociedad accionante denunció que desde entonces han pasado más de 14 meses sin que se resuelvan recursos de reposición, apelación y solicitudes de aclaración relacionados con autos administrativos del proceso, lo que motivó la interposición de la acción de tutela.

Derechos fundamentales en juego

La tutela busca proteger los derechos fundamentales al debido proceso por mora judicial (artículo 29 de la Constitución Política), el acceso a la administración de justicia, el derecho a la igualdad y la tutela judicial efectiva. La acción se fundamenta en la jurisprudencia constitucional que establece que la demora injustificada imputable a la autoridad judicial o administrativa en resolver actuaciones vulnera el derecho al debido proceso y a una justicia pronta y cumplida. De acuerdo con la Corte Constitucional, la mora judicial se configura cuando hay incumplimiento de los términos legales sin justificación razonable, como congestión judicial o exceso de carga laboral, y cuando la demora es atribuible a la omisión de la autoridad. En este caso, se alega que la SIC ha incumplido con la resolución oportuna de recursos y aclaraciones, afectando gravemente el...