La acción de tutela fue interpuesta para reclamar la protección de los derechos fundamentales a la igualdad, petición, debido proceso y acceso a la justicia, en relación con la solicitud de desarchivo de dos procesos laborales archivados y la respuesta a un derecho de petición dirigido a una fundación educativa.

Procedimiento para el desarchivo

La Sala Laboral explicó que el proceso ejecutivo laboral había sido archivado en el año 2010 y que el trámite de desarchivo corresponde a la oficina de Archivo Central, la cual requiere la presentación de solicitud formal mediante formulario específico y el pago del arancel correspondiente. En este caso, no se aportaron evidencias que demostraran la realización de dichos trámites, ni se acreditó seguimiento a la solicitud de desarchivo.

Respuesta al derecho de petición

En cuanto al derecho de petición, se destacó que si bien el juzgado accionado respondió oportunamente a la solicitud presentada, no existió prueba suficiente de que la fundación educativa hubiera recibido o respondido a la petición formulada, pues la documentación aportada no permitió verificar el envío ni la recepción formal de la misma.

Consideraciones del Tribunal

El tribunal recordó que el derecho al debido proceso y al acceso a la administración de justicia están protegidos constitucionalmente, y señaló que la mora judicial debe analizarse considerando la complejidad del caso, la conducta procesal de las partes y los intereses en disputa. Sin embargo, en este caso, no se evidenció que se hubiera producido una vulneración a los derechos fundamentales por parte del juzgado o de la fundación. En consecuencia, el Tribunal Superior decidió negar el amparo solicitado, considerando que no se acreditaron las violaciones alegadas. Además, se ordenó notificar la decisión y se remitió el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Este fallo resalta la importancia de seguir los procedimientos establecidos para el desarchivo de procesos judiciales y la necesidad de aportar pruebas claras y suficientes que respalden las solicitudes presentadas ante la justicia, garantizando así la protección efectiva de los derechos fundamentales en el ámbito laboral.