Antecedentes del caso

Una afiliada al sistema de salud interpuso una demanda contra una EPS y un gestor farmacéutico, solicitando la entrega de medicamentos necesarios para su tratamiento y la garantía de una vida digna. La demanda se fundamentó en la falta de entrega oportuna de los medicamentos prescritos desde abril de 2024. El proceso fue conocido inicialmente por la Superintendencia Nacional de Salud, que ordenó medidas cautelares para la entrega de los medicamentos. Las entidades demandadas respondieron alegando cumplimiento parcial y dificultades logísticas.

Decisión de primera instancia

El Superintendente Delegado para la Función Jurisdiccional y de Conciliación accedió parcialmente a las pretensiones, ordenando a la EPS garantizar la realización de una consulta de control con especialista en endocrinología en un plazo de cinco días, así como la dispensación efectiva de los medicamentos prescritos. La decisión se basó en que la fórmula médica había expirado, y la paciente había tenido que adquirir algunos medicamentos por su cuenta, situación agravada por su condición de salud y edad.

Recurso de apelación y análisis del tribunal

La EPS interpuso recurso de apelación solicitando la absolución de las pretensiones, argumentando que había cumplido con la entrega de los medicamentos y la programación de la consulta ordenada. Sin embargo, el Tribunal Superior confirmó la sentencia de primera instancia, señalando que la EPS incumplió su obligación de garantizar la continuidad y acceso efectivo a los servicios de salud. El tribunal destacó que las dificultades logísticas no pueden justificar la falta de prestación del servicio y que las demoras administrativas constituyen una violación al derecho fundamental a la salud. Además, se subrayó que la...