Antecedentes del caso y proceso judicial

Un afiliado activo al régimen contributivo del sistema de salud presentó demanda contra una EPS ante la Superintendencia Nacional de Salud, solicitando el reconocimiento económico de más de 17 millones de pesos por gastos médicos particulares derivados de la omisión de la entidad en garantizar tratamiento integral ordenado judicialmente para patologías urológicas graves. A pesar de múltiples órdenes de tutela que ordenaban el tratamiento, la EPS no autorizó oportunamente los servicios médicos requeridos, lo que obligó al paciente a asumir los costos en una clínica privada. La EPS se opuso alegando que garantizó la atención dentro de su red de prestadores y que el afiliado rechazó las citas programadas sin justificación válida, por lo que argumentó la inexistencia de obligación para el reembolso, además de inconsistencias en la documentación presentada. La Superintendencia Nacional de Salud, en primera instancia, condenó a la EPS a pagar el valor solicitado, basando su decisión en la demostración de negativa injustificada y negligencia, así como en la acreditación médica y documental aportada por el afiliado.

Decisión en segunda instancia y fundamentos jurídicos

El Tribunal Superior examinó el recurso de apelación interpuesto por la EPS, que solicitaba la revocatoria de la sentencia con argumentos sobre el incumplimiento de requisitos legales para el reembolso y la adecuada prestación de servicios. Sin embargo, el Tribunal confirmó la sentencia de primera instancia. Se resaltó la competencia del Tribunal para conocer del recurso, la improcedencia de la solicitud de inadmisión del recurso de apelación por extemporaneidad, y especialmente, el análisis integral de las pruebas. Se constató que el afiliado, un...