Antecedentes y situación fáctica

El proceso se inició tras una denuncia por la presunta invasión fraudulenta de un inmueble adquirido originalmente en 1968 y poseído pacíficamente por la familia del propietario legítimo. La Fiscalía abrió investigación por delitos de falsedad en documento público, fraude procesal y estafa, vinculando a los acusados como presuntos responsables. Se acreditó la existencia de sentencias judiciales falsas y la protocolización de escrituras públicas basadas en documentos apócrifos, mediante la inducción en error a funcionarios notariales y registrales.

Decisión de primera instancia

El juzgado de conocimiento condenó a los procesados por fraude procesal, imponiendo una pena de 80 meses de prisión, multa y la inhabilidad para ejercer cargos públicos por 64 meses. Se estableció que los procesados actuaron como coautores, usando poderes especiales para protocolizar documentos falsos y realizar la enajenación del inmueble a uno de ellos. Se negó la suspensión condicional de la pena y el sustituto de prisión domiciliaria, aunque posteriormente se concedió este último beneficio.

Apelaciones y argumentos de la defensa

La defensa del primer procesado argumentó la ausencia de dolo, señalando que actuó conforme al mandato otorgado y sin obtener beneficio económico. Alegaron que, en caso de responsabilidad, esta sería como cómplice y solicitaron la prisión domiciliaria debido a la edad avanzada y condiciones de salud. Por su parte, la defensa del segundo procesado sostuvo que no existen pruebas suficientes para condenarlo, argumentando que actuó como representante de una congregación religiosa y que la compra fue aprobada por la junta local, desconociendo la falsedad de los documentos.

Consideraciones del tribunal

La Sala Penal confirmó la condena para el primer...