Antecedentes y situación fáctica

El proceso se inició tras una denuncia por la presunta invasión fraudulenta de un inmueble adquirido originalmente en 1968 y poseído pacíficamente por la familia del propietario legítimo. La Fiscalía abrió investigación por delitos de falsedad en documento público, fraude procesal y estafa, vinculando a los acusados como presuntos responsables. Se acreditó la existencia de sentencias judiciales falsas y la protocolización de escrituras públicas basadas en documentos apócrifos, mediante la inducción en error a funcionarios notariales y registrales.

Decisión de primera instancia

El juzgado de conocimiento condenó a los procesados por fraude procesal, imponiendo una pena de 80 meses de prisión, multa y la inhabilidad para ejercer cargos públicos por 64 meses. Se estableció que los procesados actuaron como coautores, usando poderes especiales para protocolizar documentos falsos y realizar la enajenación del inmueble a uno de ellos. Se negó la suspensión condicional de la pena y el sustituto de prisión domiciliaria, aunque posteriormente se concedió este último beneficio.

Apelaciones y argumentos de la defensa

La defensa del primer procesado argumentó la ausencia de dolo, señalando que actuó conforme al mandato otorgado y sin obtener beneficio económico. Alegaron que, en caso de responsabilidad, esta sería como cómplice y solicitaron la prisión domiciliaria debido a la edad avanzada y condiciones de salud. Por su parte, la defensa del segundo procesado sostuvo que no existen pruebas suficientes para condenarlo, argumentando que actuó como representante de una congregación religiosa y que la compra fue aprobada por la junta local, desconociendo la falsedad de los documentos.

Consideraciones del tribunal

La Sala Penal confirmó la condena para el primer procesado, al considerar que actuó con conocimiento y voluntad del acto ilícito, evidenciando contradicciones y relatos irracionales que demostraron su compromiso penal. Por otro lado, absolvió al segundo procesado, al no existir pruebas suficientes que acrediten su responsabilidad en el fraude procesal, destacando que su actuación se enmarcó en la representación legítima de la congregación religiosa y que no se demostró su participación en la falsificación o inducción en error.

Implicaciones jurídicas y próximas acciones

Esta decisión reafirma la importancia de la prueba contundente para la condena por fraude procesal y la necesidad de valorar la participación y conocimiento de cada involucrado. La absolución parcial implica la liberación del segundo procesado, mientras que el primer condenado deberá cumplir la pena impuesta. Contra esta sentencia procede recurso de casación y, una vez quede en firme, el proceso retornará al juzgado de origen para su trámite correspondiente, asegurando así el debido proceso y la correcta administración de justicia.

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Tribunal Superior de Bogotá revoca parcialmente sentencia por fraude procesal

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