Antecedentes del caso

El proceso se originó tras una demanda presentada en octubre de 2022 contra una fiduciaria que administra un patrimonio autónomo inmobiliario, relacionada con la adquisición de propiedades en un proyecto urbanístico. Durante el trámite, se adicionó una sociedad comercial y se declararon responsables al patrimonio autónomo y a su administradora respecto a incumplimientos contractuales y pagos por lucro cesante. En febrero de 2025, la juez de primera instancia emitió una sentencia condenatoria, pero posteriormente se decretó la nulidad de todo lo actuado desde dicha sentencia por no haberse integrado correctamente el litisconsorcio necesario, dejando sin posibilidad de defensa a un fideicomitente que tiene intereses jurídicos directos en el proceso.

Fundamentos jurídicos de la nulidad

El Tribunal Superior explicó que, conforme al artículo 61 del Código General del Proceso, cuando existe un litisconsorcio necesario, es obligatorio convocar a todas las partes que puedan verse afectadas por la decisión judicial. En este caso, el fideicomitente omitido posee obligaciones y responsabilidades contractuales que justifican su inclusión en el proceso. La jurisprudencia señala que la ausencia de un actor con interés jurídico serio y actual en el litigio constituye una causal de nulidad insubsanable. Por ello, la magistrada sustanciadora declaró la nulidad para garantizar el debido proceso y el derecho de defensa, principios constitucionales fundamentales.

Implicaciones prácticas y representación de sociedades extranjeras

El recurso de súplica presentado contra la declaración de nulidad alegó dificultades prácticas para vincular a la sociedad extranjera, argumentando la ausencia de representación legal en Colombia. Sin embargo, el Tribunal aclaró que tales argumentos no revocan la decisión, ya que no cuestionan su fundamento jurídico. Además,...