Antecedentes del caso

El funcionario en provisionalidad solicitó la protección de sus derechos fundamentales a la seguridad social, trabajo, salud y estabilidad laboral reforzada, luego de que el INPEC terminara su nombramiento mediante una resolución que no valoró su condición médica. El nombramiento en provisionalidad fue inicialmente otorgado en 2017 y el funcionario desempeñó sus labores en diferentes penitenciarías. En diciembre de 2024, la entidad dispuso su desvinculación con efectos a partir de enero de 2025, lo que motivó la presentación de una tutela buscando el reintegro y la anulación del acto administrativo.

Trámite procesal y argumentos

La tutela fue admitida inicialmente, pero el juzgado negó la medida cautelar y la protección constitucional, argumentando la falta de agotamiento de vías administrativas y la procedencia de los medios ordinarios para controvertir la desvinculación. El INPEC sostuvo que el funcionario estaba en provisionalidad y que su estabilidad laboral es relativa, pues el cargo fue provisto a un tercero mediante concurso de méritos. Además, indicó que se le otorgó un trato preferencial por su estado de salud y que cuenta con protección temporal por la patología diagnosticada. En segunda instancia, el Tribunal Superior confirmó la decisión de primera instancia, resaltando la naturaleza subsidiaria y residual de la tutela y que no procede cuando existen otros medios judiciales idóneos para proteger los derechos invocados.

Consideraciones jurídicas

El tribunal recordó que la tutela es un mecanismo excepcional para la protección inmediata de derechos fundamentales y que su uso como sustituto de procesos ordinarios es inapropiado salvo en casos de perjuicio irremediable. En este caso, el funcionario no acreditó que existiera tal...