Antecedentes del caso

Una trabajadora presentó demanda para que se declarara la existencia de un contrato laboral desde noviembre de 2011 hasta agosto de 2019, en el cargo de instrumentadora, y se ordenara el pago de las acreencias laborales pendientes, aportes a la seguridad social e indemnizaciones correspondientes. La empresa demandada negó la relación laboral y algunas obligaciones de pago, alegando falta de pruebas y proponiendo excepciones como la inexistencia de la obligación y prescripción.

Decisión de primera instancia

El Juzgado Laboral declaró probado el contrato de trabajo y condenó a la empresa a pagar salarios adeudados, cesantías con intereses, primas, vacaciones y moratorias por retrasos en dichos pagos. También se ordenó efectuar los aportes a la seguridad social por el tiempo correspondiente. Sin embargo, se negó el reconocimiento de horas extras y algunas indemnizaciones por considerar no acreditados ciertos hechos o por extemporaneidad en la manifestación de la renuncia.

Recurso de apelación y análisis del tribunal

La empresa apeló principalmente las indemnizaciones moratorias, argumentando que no podían aplicarse automáticamente sin analizar la conducta del empleador ni demostrar mala fe. La Sala Sexta del Tribunal Superior recordó que estas indemnizaciones requieren un examen probatorio para establecer la existencia o no de buena fe en el actuar del empleador. En este caso, se concluyó que no había prueba de buena fe, dado el incumplimiento en el pago de prestaciones sociales. Además, el tribunal precisó que la indemnización por no consignación de cesantías se causa tanto por falta total como por consignación parcial y que su límite temporal corresponde hasta la terminación del contrato laboral.

Conclusión y efectos

El Tribunal...