La decisión de segunda instancia del Tribunal Superior de Bogotá aborda un caso de un contrato de trabajo a término fijo que inicialmente se prorrogó varias veces hasta alcanzar períodos anuales. El contrato fue suspendido unilateralmente por el empleador durante la emergencia sanitaria causada por la pandemia de COVID-19, lo que generó un litigio sobre la legalidad de dicha suspensión, el pago de salarios y prestaciones y la terminación del contrato.

Contexto y antecedentes del caso

El trabajador contratado como auxiliar de cocina celebró un contrato a término fijo con la entidad empleadora, que fue renovado sucesivamente hasta el 20 de abril de 2021. Durante la emergencia sanitaria, el empleador suspendió el contrato desde el 15 de mayo de 2020 hasta el 20 de abril de 2021, alegando fuerza mayor por las medidas gubernamentales de aislamiento obligatorio. El trabajador demandó el reconocimiento de indemnización por despido injustificado, salarios y prestaciones sociales adeudadas durante la suspensión, además de sanciones por no consignación de cesantías.

Decisión de primera instancia y apelación

El juzgado de primera instancia absolvió al empleador, considerando que el contrato terminó por vencimiento del plazo y que la suspensión por fuerza mayor fue legal, argumentando que la comunicación al Ministerio de Trabajo se realizó oportunamente y que la pandemia justificaba la suspensión. Sin embargo, el trabajador apeló, alegando que la suspensión no cumplió con los requisitos legales y que la empresa continuó operando parcialmente, lo que invalidaría la fuerza mayor.

Análisis y consideraciones del Tribunal Superior

El Tribunal Superior revisó exhaustivamente las normas y jurisprudencia aplicables, destacando que la fuerza mayor debe ser un hecho...