Contexto y antecedentes del caso

El Tribunal conoció el recurso de apelación presentado contra la decisión del Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad que negó la extinción de la pena por prescripción en un caso de lavado de activos. La condena inicial consistió en 114 meses de prisión y una multa equivalente a 756 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La sentencia fue confirmada en segunda instancia y la casación fue inadmitida, dando ejecutoria definitiva a la condena. La apelante argumentó que el término para la prescripción de la pena había transcurrido, tomando como punto inicial la fecha de la condena y sosteniendo que la sanción debía declararse extinguida. Además, alegó que la apelación y casación fueron presentadas sin su autorización, por lo que no debían surtir efectos interruptivos en el término de prescripción.

Decisión del juzgado de primera instancia

El Juzgado de Ejecución de Penas señaló que la ejecutoria de la sentencia se produjo en julio de 2019, por lo que el plazo para la prescripción de la pena, según el artículo 89 del Código Penal, no se cumpliría hasta enero de 2029. En consecuencia, negó la solicitud de extinción de la pena por prescripción.

Análisis y fallo del Tribunal Superior

El Tribunal examinó la fundamentación del recurso de apelación y concluyó que no cumplía con los requisitos de sustentación necesarios para su trámite, pues no cuestionó de forma concreta los argumentos de la decisión apelada. Se recordó que el derecho a la doble instancia exige que el recurrente presente argumentos claros y suficientes para controvertir la sentencia, conforme al artículo 194 de...