Contexto y hechos relevantes

Entre los años 2000 y 2004, el Bloque Tolima, una organización paramilitar financiada por particulares y empresas de la región, operó en zonas del Tolima. Se estableció que una empresa dedicada al servicio público esencial de riego y adecuación de tierras, bajo la administración de una junta directiva que manejaba recursos estatales y privados, habría financiado a este grupo armado ilegal. En este contexto, el asesor jurídico de dicha empresa fue víctima de un atentado con arma de fuego en 2002, atentado que fue planificado por el Bloque Tolima bajo la acusación infundada de colaboración con grupos guerrilleros. La Fiscalía atribuyó responsabilidad a miembros de la junta directiva de la empresa por financiar al Bloque Tolima y por solicitar el atentado contra el asesor jurídico.

Decisiones procesales y apelación

El juzgado especializado de primera instancia decretó la prescripción del ejercicio de la acción penal por el delito de concierto para delinquir agravado y absolvió al principal imputado como determinador del homicidio en persona protegida. La parte civil apeló esta decisión, cuestionando principalmente la prescripción y la absolución. El Tribunal Superior revisó extensamente las pruebas, testimonios y alegatos, incluyendo versiones de miembros del Bloque Tolima y directivos de la empresa, así como informes periciales y documentos societarios.

Fundamentos jurídicos y valoración probatoria

El Tribunal destacó que, aunque el delito de concierto para delinquir agravado puede ser considerado de lesa humanidad y, por ende, imprescriptible, la jurisprudencia vigente establece que la prescripción comienza a contar desde la vinculación de los responsables al proceso. Se reconoció que los directivos de la empresa actuaban en funciones públicas al...