Antecedentes del caso

El proceso inició con la demanda de cesación de efectos civiles de un matrimonio católico, la cual fue inicialmente rechazada por falta de competencia de un juzgado de familia en Bogotá. Posteriormente, se presentó un conflicto negativo de competencia entre dicho juzgado y otro de Barranquilla, resuelto por la Sala de Casación Civil Agraria de la Corte Suprema de Justicia, que asignó conocimiento al juzgado de Bogotá. Tras la admisión de la demanda y la notificación por conducta concluyente a la parte demandada, se desarrolló el proceso con contestación de la demanda, presentación de demandas en reconvención, reformas y excepciones, así como la programación de audiencias y orden de valoraciones psicológicas forenses. Durante el trámite, se solicitó la nulidad de lo actuado con fundamento en el artículo 121 del Código General del Proceso (CGP), alegando pérdida de competencia por no dictar sentencia dentro del plazo legal.

Fundamentos jurídicos y decisión del Tribunal

El artículo 121 del CGP establece que el juez debe dictar sentencia de primera instancia en un plazo máximo de un año, contado desde la notificación del auto admisorio de la demanda, y que el incumplimiento de este término conlleva a la pérdida automática de competencia. Sin embargo, la Corte Constitucional, en la sentencia C-443 de 2019, declaró la inexequibilidad de la expresión “de pleno derecho” para la nulidad derivada de la pérdida de competencia, señalando que dicha nulidad debe ser alegada oportunamente y es susceptible de saneamiento conforme al artículo 136 del CGP. El Tribunal recordó que la pérdida de competencia debe ser invocada por las partes antes de...