Antecedentes y hechos

En enero de 2023, en inmediaciones de una estación de Transmilenio en Bogotá, se registró una riña en la que un ciudadano, en condición de habitante de calle, fue agredido con un arma corto punzante en cuatro ocasiones, incluyendo heridas en el cuello y tórax que comprometieron órganos vitales, poniendo en riesgo su vida. La agresión ocurrió cuando la víctima intervino en un aparente hurto perpetrado por el agresor.

Proceso judicial y absolución inicial

El Juzgado 50 Penal del Circuito absolvió inicialmente al acusado por falta de pruebas concluyentes que establecieran su responsabilidad directa en el delito de homicidio tentado agravado. La absolución se basó en la ausencia de testigos presenciales que observaran el momento exacto de las lesiones y en la falta de señalamiento directo y claro del agresor, así como en la incertidumbre sobre la posesión del arma blanca con presencia de sangre humana.

Recurso de apelación y valoración probatoria

La Fiscalía interpuso recurso de apelación, argumentando errores en la valoración de las pruebas. El Tribunal Superior destacó la importancia de la prueba testimonial y la construcción de la prueba indiciaria, que implica un análisis lógico y deductivo para inferir hechos desconocidos a partir de hechos probados. Se consideró que los testigos policiales presenciales aportaron relatos coherentes y concordantes sobre la riña, la presencia del arma corto punzante en poder del acusado y el señalamiento de la víctima hacia este. Además, se valoraron informes periciales que confirmaron la existencia de heridas graves en la víctima causadas por un arma corto punzante y la presencia de sangre humana en el arma incautada al acusado. La entrevista previa a juicio de la víctima, admitida como prueba de referencia, aportó información sobre las características del agresor y las circunstancias del ataque.

Decisión del Tribunal Superior

Con base en la valoración integral de las pruebas, el Tribunal concluyó que existían indicios suficientes para revocar la sentencia absolutoria y condenar al acusado como autor responsable del delito de homicidio tentado agravado. Se estableció que el acusado actuó con intención de causar la muerte, dada la naturaleza del arma y las lesiones causadas en órganos vitales. La pena impuesta fue de 220 meses de prisión, junto con la inhabilitación para ejercer derechos y funciones públicas por un máximo de 20 años. Se negó la suspensión condicional de la pena y la prisión domiciliaria, debido a la gravedad del delito y a la duración de la condena. La orden de captura contra el condenado será emitida una vez la decisión quede ejecutoriada y el proceso será remitido al juzgado de origen para los trámites correspondientes. Contra esta resolución procede la impugnación especial para la defensa y el recurso extraordinario de casación para las demás partes, conforme a la ley, garantizando así el derecho a la defensa y el debido proceso en todas las instancias judiciales.