El caso se originó el 17 de febrero de 2023, cuando la Policía Nacional, tras un reporte de hurto de vehículo, detuvo al conductor de un automóvil reportado como robado. La víctima informó que fue despojada de su vehículo, dinero y celular mediante el uso de fuerza y arma de fuego por tres sujetos a quienes les prestaba un servicio de transporte particular. El monto del hurto fue estimado en aproximadamente 30 millones de pesos. El proceso judicial inició bajo procedimiento abreviado. La Fiscalía acusó formalmente al procesado por hurto calificado y agravado, con agravantes relacionados con la violencia, la utilización de armas y la coparticipación criminal. Inicialmente, el imputado no aceptó los cargos, pero posteriormente se allanó a la acusación durante la audiencia concentrada, lo que permitió la aplicación de beneficios punitivos. El Juzgado 12 Penal Municipal de Bogotá impuso una pena de 192 meses de prisión, luego de aplicar la máxima dosificación dentro del rango penal, considerando las circunstancias agravantes, y otorgar una rebaja por allanamiento a cargos. Además, se estableció la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas y se negó la sustitución de la pena privativa de la libertad debido a requisitos no cumplidos y prohibiciones expresas en el Código Penal.

Recurso de apelación y análisis del Tribunal Superior

La defensa técnica presentó recurso de apelación solicitando la nulidad de lo actuado por supuestas irregularidades en la descripción de los hechos jurídicos relevantes y la reducción de la pena, argumentando la improcedencia de ciertas circunstancias agravantes y pidiendo una mayor rebaja por el allanamiento. El Tribunal Superior, al analizar el recurso, confirmó su competencia para conocer del caso. En primer lugar, determinó que aunque la Fiscalía mezcló hechos jurídicos relevantes con medios de prueba en el escrito de acusación, esta irregularidad no afectó sustancialmente el derecho de defensa ni el debido proceso, ya que los cargos estaban claramente definidos y se cumplió con la carga de informar al procesado de manera adecuada. En cuanto a la dosificación de la pena, el tribunal concluyó que una de las circunstancias agravantes alegadas por la defensa estaba superpuesta con otra ya considerada, por lo que no debió ser tenida en cuenta para hacer más gravosa la sanción. Sin embargo, la otra circunstancia agravante relacionada con el uso de arma de fuego sí se configuró plenamente, justificando la pena impuesta en el cuarto máximo del rango legal. Respecto a la rebaja punitiva, el Tribunal recordó que el beneficio máximo por aceptación de cargos en procedimiento abreviado, una vez instalada la audiencia concentrada, es de la tercera parte de la pena, por lo que confirmó la reducción otorgada por el juzgado. Finalmente, el Tribunal Superior negó la nulidad solicitada y confirmó la sentencia condenatoria en todos los aspectos impugnados. Contra esta decisión procede el recurso extraordinario de casación. Esta resolución reafirma la rigurosidad en la aplicación del procedimiento penal colombiano, especialmente en la valoración de la aceptación de cargos y el respeto al debido proceso, garantizando la claridad en la imputación y la correcta dosificación de la pena.