El caso se originó el 17 de febrero de 2023, cuando la Policía Nacional, tras un reporte de hurto de vehículo, detuvo al conductor de un automóvil reportado como robado. La víctima informó que fue despojada de su vehículo, dinero y celular mediante el uso de fuerza y arma de fuego por tres sujetos a quienes les prestaba un servicio de transporte particular. El monto del hurto fue estimado en aproximadamente 30 millones de pesos. El proceso judicial inició bajo procedimiento abreviado. La Fiscalía acusó formalmente al procesado por hurto calificado y agravado, con agravantes relacionados con la violencia, la utilización de armas y la coparticipación criminal. Inicialmente, el imputado no aceptó los cargos, pero posteriormente se allanó a la acusación durante la audiencia concentrada, lo que permitió la aplicación de beneficios punitivos. El Juzgado 12 Penal Municipal de Bogotá impuso una pena de 192 meses de prisión, luego de aplicar la máxima dosificación dentro del rango penal, considerando las circunstancias agravantes, y otorgar una rebaja por allanamiento a cargos. Además, se estableció la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas y se negó la sustitución de la pena privativa de la libertad debido a requisitos no cumplidos y prohibiciones expresas en el Código Penal.

Recurso de apelación y análisis del Tribunal Superior

La defensa técnica presentó recurso de apelación solicitando la nulidad de lo actuado por supuestas irregularidades en la descripción de los hechos jurídicos relevantes y la reducción de la pena, argumentando la improcedencia de ciertas circunstancias agravantes y pidiendo una mayor rebaja por el allanamiento. El Tribunal Superior, al analizar...