Antecedentes y hechos del caso

El caso se originó tras la captura en flagrancia de un ciudadano venezolano en noviembre de 2020, a quien se le incautó un revólver calibre 38 sin permiso para portarlo. Durante el patrullaje policial, el individuo mostró actitud evasiva, lo que llevó a su detención y posterior judicialización por el delito tipificado en el artículo 365 del Código Penal.

Proceso judicial y sentencia inicial

En primera instancia, el juzgado de conocimiento absolvió al acusado, argumentando que no se había comprobado plenamente su identidad, lo que generaba dudas razonables para emitir una condena. La fiscalía apeló esta decisión, señalando que la individualización del procesado había sido debidamente realizada a través de registros dactilares y peritajes correspondientes.

Decisión del Tribunal Superior y fundamentos

El Tribunal Superior consideró que, si bien el acusado no estaba registrado en la base de datos nacional debido a su condición de extranjero, la individualización se logró mediante la toma de impresiones dactilares, fotografías y datos biográficos, complementados con peritajes criminalísticos. Además, los testimonios de los agentes policiales y peritos fueron valorados como creíbles y coherentes. Con base en la tipicidad del delito, la materialidad del arma incautada y la evidencia probatoria, el Tribunal revocó la absolución y condenó al procesado a 108 meses de prisión. También impuso la inhabilitación para ejercer funciones públicas por el mismo periodo y la privación del derecho a la tenencia y porte de armas por un año.

Implicaciones y medidas adicionales

La decisión establece la importancia de la adecuada individualización del acusado para evitar errores judiciales y confirma la responsabilidad penal en casos de porte...