Contexto y marco normativo

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Trabajo, anunció el proyecto de decreto número aún por definir de 2025, que adiciona la Sección 8 al Capítulo 6 del Título 1 de la Parte 2 del Decreto 1072 de 2015, el Único Reglamentario del Sector Trabajo. Este proyecto fue dado a conocer en 2025 y busca complementar la regulación vigente en materia laboral para personas con discapacidad, en cumplimiento de la Ley 1618 de 2013, la Ley 1996 de 2019, la Ley 2294 de 2023 y la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por Colombia mediante la Ley 1346 de 2009. Esta iniciativa responde también a una orden del Consejo de Estado emitida en diciembre de 2024, que instó al Gobierno a expedir una reglamentación integral para garantizar el derecho al trabajo de las personas con discapacidad, considerando que las normas anteriores resultaban insuficientes y dispersas para asegurar la inclusión laboral efectiva.

Propósito y alcance del Programa Nacional “Incluir para Trabajar”

El proyecto de decreto crea el Programa Nacional “Incluir para Trabajar” como una estrategia oficial del Gobierno para articular, fortalecer y ejecutar políticas, planes, programas y acciones destinadas a garantizar el derecho al trabajo de las personas con discapacidad. El objetivo principal es promover la inclusión laboral y productiva de esta población en condiciones de igualdad, equidad y trato digno, eliminando barreras para el acceso, permanencia y progreso en el empleo formal, fortaleciendo proyectos productivos y emprendimientos, fomentando la contratación laboral y asegurando apoyos y ajustes razonables en los entornos laborales. El ámbito de aplicación abarca a todas las entidades públicas y privadas que contraten con el Estado o participen en programas de incentivos, así como a las personas con discapacidad en todo el territorio nacional. También incluye a sus cuidadores y apoyos cuando se prevea expresamente. El decreto adopta una definición amplia de persona con discapacidad, que comprende deficiencias físicas, sensoriales, intelectuales o psicosociales de largo plazo, en línea con la Ley 1996 de 2019 y la Ley 1618 de 2013.

Medidas y disposiciones clave del proyecto

El decreto establece un conjunto de medidas y acciones para garantizar la inclusión laboral de las personas con discapacidad, entre las que destacan: - Fortalecimiento de unidades productivas y emprendimientos: Se prevé capacitación técnica y empresarial inclusiva a cargo del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), líneas de crédito preferenciales gestionadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, promoción del comercio electrónico y ferias inclusivas, asistencia técnica personalizada y fomento de la asociatividad y cooperativismo. - Impulso a negocios inclusivos y empresas sociales: El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, junto con entidades como iNNpulsa y el Departamento Nacional de Planeación, promoverán la creación, fortalecimiento y expansión de negocios inclusivos que tengan como objetivo la inclusión productiva de personas con discapacidad. Se impulsarán programas de incubación y aceleración social, mecanismos de intermediación de mercados inclusivos, financiación específica para expansión y certificación voluntaria de “Empresa Incluyente”. - Incentivos económicos para contratación y formalización: Se consolidarán y ampliarán incentivos como subsidios a la creación y permanencia de nuevos empleos formales para personas con discapacidad, beneficios tributarios y parafiscales, reducción de costos laborales indirectos y programas especiales de apoyo a la formalización para trabajadores independientes con discapacidad. - Asistencia técnica para inclusión y productividad: El Servicio Público de Empleo (SPE), el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Igualdad y Equidad y otras entidades brindarán orientación a empleadores, entidades territoriales y organizaciones de personas con discapacidad. Se elaborarán manuales de buenas prácticas, se asignarán orientadores especializados y se implementarán sistemas accesibles y tecnologías de apoyo. - Incentivos en contratación estatal: Se mantendrán y fortalecerán medidas como la asignación de puntajes adicionales en procesos de licitación pública para empresas que incluyan personas con discapacidad en su plantilla laboral, y se impulsará la preferencia en procesos de contratación directa y mínima cuantía a proveedores inclusivos. La Agencia Nacional de Contratación Pública expedirá manuales orientadores para facilitar la aplicación de estas disposiciones. - Ruta integral de inclusión laboral: El programa implementará una ruta secuencial que incluye registro de buscadores de empleo con discapacidad, orientación ocupacional especializada, formación y capacitación, intermediación laboral, ajustes razonables en el puesto de trabajo, acompañamiento poscolocación, seguimiento y reubicación o reconversión laboral en caso de discapacidad adquirida o agravada. - Mecanismos para permanencia y desarrollo en el empleo: Se promoverán políticas de acomodación continua, evaluaciones de desempeño inclusivas, acceso igualitario a capacitación y promoción interna, redes de apoyo y mentoría, y se creará un grupo especial para atender casos de vulneración de derechos laborales de personas con discapacidad. - Fortalecimiento del Servicio Público de Empleo para la discapacidad: Se capacitará al personal, se designarán puntos de atención especializados en cada departamento, se adecuarán sistemas de información accesibles y se promoverán jornadas móviles de empleo inclusivo en zonas rurales o de difícil acceso. - Participación territorial y de la sociedad civil: Los consejos departamentales y distritales de discapacidad deberán incorporar en sus planes de trabajo acciones para la inclusión laboral. Se fomentarán mesas técnicas locales y se realizará una audiencia pública anual de rendición de cuentas con participación de organizaciones de personas con discapacidad, medios de comunicación y ciudadanía. - Monitoreo, evaluación e información: El Observatorio Nacional de Discapacidad, en coordinación con el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), implementará una línea de investigación permanente sobre inclusión laboral y situación socioeconómica de las personas con discapacidad. Además, se realizarán evaluaciones de impacto y se consolidarán reportes semestrales para seguimiento y ajustes.

Participación de actores clave

El decreto enfatiza la participación activa y consultiva de las organizaciones representativas de personas con discapacidad en el diseño, implementación y seguimiento del programa, en cumplimiento del principio de participación efectiva consagrado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Además, involucra a diversas entidades estatales como el Ministerio del Trabajo, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Ministerio de Educación, Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Departamento Administrativo de la Función Pública, Departamento Nacional de Planeación, Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Servicio Público de Empleo (SPE), Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, Caja de Compensación Familiar y Bancóldex, entre otras. De igual forma, se promueve la cooperación con gremios empresariales, centrales sindicales, academia y organizaciones de la sociedad civil, con el fin de fomentar un compromiso compartido para la inclusión laboral.

Financiamiento y vigencia

La implementación del Programa Nacional “Incluir para Trabajar” se financiará con recursos asignados en los presupuestos de las entidades participantes, el Fondo para la Superación de Brechas de Desigualdad Poblacional e Inequidad Territorial, y la cooperación internacional no reembolsable o alianzas con el sector privado. El decreto entrará en vigor a partir de su publicación y mantendrá vigentes las normas reglamentarias y actos administrativos previos en materia de inclusión laboral de personas con discapacidad, siempre que no se opongan a las disposiciones nuevas.

Acceso al proyecto y participación ciudadana

El proyecto de decreto se encuentra disponible para consulta pública en los portales oficiales del Ministerio del Trabajo y otras entidades relacionadas. Se prevé un periodo para recibir comentarios y observaciones de la ciudadanía, organizaciones sociales y expertos, con el fin de enriquecer la reglamentación antes de su expedición definitiva. La invitación a participar se realiza con el objetivo de garantizar que la norma refleje las necesidades reales de las personas con discapacidad y sus familias, promoviendo un enfoque inclusivo, respetuoso y efectivo. --- Este proyecto de decreto representa un avance significativo en la política pública colombiana para garantizar el derecho al trabajo de las personas con discapacidad, integrando esfuerzos dispersos en un programa nacional coherente y con enfoque de derechos humanos. Su adecuada implementación y seguimiento serán fundamentales para transformar el mercado laboral en un espacio inclusivo, equitativo y accesible para toda la población.