Antecedentes del caso

La sociedad demandante interpuso demanda de reparación directa contra la Nación - Rama Judicial, argumentando responsabilidad patrimonial por un supuesto error jurisdiccional y funcionamiento defectuoso de la administración de justicia en un proceso ejecutivo hipotecario. En primera instancia, el Tribunal Administrativo declaró probadas excepciones que negaron las pretensiones. Posteriormente, la parte demandante presentó recurso de apelación solicitando, entre otras pruebas, avalúos catastrales de años anteriores para acreditar el daño alegado.

Decisión sobre el decreto de pruebas

El magistrado sustanciador negó la solicitud de decreto de pruebas en segunda instancia, argumentando que dichas pruebas debieron solicitarse en primera instancia y que no se cumplían los requisitos legales para decretarlas posteriormente. En particular, se señaló que los hechos y documentos solicitados correspondían a periodos anteriores a la presentación de la demanda y que no se acreditó la imposibilidad de solicitar estas pruebas oportunamente.

Fundamentos jurídicos y análisis

La Sala recordó que el decreto de pruebas en segunda instancia es de carácter excepcional y está condicionado a situaciones específicas previstas en el artículo 212 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). Entre estas, se incluyen el acuerdo de las partes, la negativa injustificada en primera instancia o la imposibilidad demostrada de solicitar las pruebas antes. Además, se destacó la importancia de que la primera instancia sea la etapa idónea para la práctica probatoria, garantizando el derecho de contradicción y la adecuada aproximación del juez a los hechos. Por tanto, no es procedente que la parte intente subsanar omisiones de carga probatoria en etapas posteriores sin cumplir con los requisitos legales.

Conclusión y efectos

La...