Antecedentes del caso

El conflicto surgió a raíz de una queja presentada por un ciudadano ante una comisaría de familia, en la que se denunciaron actuaciones presuntamente irregulares sin pruebas suficientes durante el trámite de una medida de protección. La queja fue remitida inicialmente a la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Secretaría Distrital de Integración Social de Bogotá, que posteriormente la remitió a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, generándose un conflicto sobre cuál autoridad tenía competencia para conocer el proceso disciplinario.

Competencia para resolver el conflicto

Conforme a las disposiciones del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, modificadas por la Ley 2080 de 2021, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado tiene competencia para resolver conflictos de competencia entre autoridades administrativas y judiciales que no tienen un superior común, cuando se trate de actuaciones administrativas concretas. En este caso, la controversia se dio entre una autoridad judicial territorialmente desconcentrada y una autoridad administrativa territorial.

Marco normativo y análisis

Las comisarías de familia, aunque son autoridades administrativas, ejercen funciones jurisdiccionales de manera excepcional en casos de violencia intrafamiliar. La función disciplinaria interna corresponde a las oficinas de control disciplinario interno de cada entidad, salvo en casos especiales como el de funcionarios que ejercen funciones jurisdiccionales. Antes de la creación de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura tenía competencia para los procesos disciplinarios contra quienes ejercían funciones jurisdiccionales de manera transitoria u ocasional. Con la reforma constitucional y la entrada en funcionamiento de la Comisión Nacional...