Antecedentes del caso

Un funcionario retirado presentó una acción de tutela contra providencias judiciales que rechazaron su demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, argumentando vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia. La demanda inicial cuestionaba la determinación de caducidad del medio de control, basándose en la interpretación del artículo 164 del Decreto 1211 de 1990, que establece un período de tres meses de alta para la formación del expediente de prestaciones sociales tras el retiro. El demandante sostenía que este período debía considerarse para suspender la ejecutoria del acto administrativo de retiro y así computar adecuadamente el término para interponer la demanda. Las autoridades judiciales en primera y segunda instancia rechazaron la demanda por caducidad, argumentando que el período de tres meses contemplado en la norma solo tiene efectos para la formación del expediente de prestaciones sociales y no suspende la ejecutoria del acto administrativo de retiro. La acción de tutela fue inicialmente admitida, pero luego declarada improcedente por falta de relevancia constitucional.

Consideraciones jurídicas

El Consejo de Estado reiteró los requisitos estrictos para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, conforme a la jurisprudencia consolidada. Entre estos requisitos se incluyen la relevancia constitucional comprobada, la identificación razonable de hechos vulneradores y que la tutela no funcione como una instancia adicional para reabrir debates judiciales. En este caso, el Consejo concluyó que no se cumplió con el requisito de relevancia constitucional, ya que el accionante no presentó argumentos suficientes para demostrar una vulneración de derechos fundamentales distinta a un simple desacuerdo con las...