El caso se originó con un proceso ordinario laboral iniciado en 2017 contra una institución de educación superior pública, en el que se solicitaba el reintegro a un cargo y el reconocimiento de diversos derechos laborales. Tras un conflicto de competencias entre jurisdicciones laboral y contencioso administrativa, la Corte Constitucional determinó que la competencia correspondía a la jurisdicción contencioso administrativa. El juzgado administrativo encargado inadmitió la demanda en dos oportunidades debido a deficiencias formales, otorgando términos para subsanarlas conforme a las reglas pro ...