El caso se originó con un proceso ordinario laboral iniciado en 2017 contra una institución de educación superior pública, en el que se solicitaba el reintegro a un cargo y el reconocimiento de diversos derechos laborales. Tras un conflicto de competencias entre jurisdicciones laboral y contencioso administrativa, la Corte Constitucional determinó que la competencia correspondía a la jurisdicción contencioso administrativa. El juzgado administrativo encargado inadmitió la demanda en dos oportunidades debido a deficiencias formales, otorgando términos para subsanarlas conforme a las reglas procesales aplicables. Finalmente, la demanda fue rechazada por considerar que los actos impugnados no eran susceptibles de control judicial en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. Ante esta situación, se interpuso acción de tutela alegando la vulneración de derechos fundamentales al mínimo vital, acceso a la administración de justicia y debido proceso. Se argumentó un posible defecto procedimental por exceso de rigor formal en la aplicación de normas procesales, lo que habría generado indefensión y denegación de justicia. La Sala revisó los requisitos de procedencia de la tutela contra providencias judiciales, destacando que esta es una vía excepcional que debe cumplir con relevancia constitucional, inmediatez, subsidiariedad y no constituir tutela contra tutela. Se subrayó que el juez de tutela tiene vedado realizar un control exhaustivo o una tercera instancia sobre decisiones judiciales. En cuanto a la relevancia constitucional, se consideró que, si bien no se configuró violación directa de la Constitución, sí existía un posible defecto procedimental que trascendía una mera discusión legal, por lo que el requisito fue superado parcialmente. Sin embargo, al analizar el fondo, la Sala concluyó que...