El Consejo de Estado resolvió una acción de tutela interpuesta contra una providencia del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que negó el reconocimiento de un régimen pensional especial para una docente que laboró en el sector oficial antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003. La actora reclamó la protección de sus derechos fundamentales a la dignidad humana, igualdad, debido proceso y acceso a la administración de justicia, argumentando que la decisión judicial desconoció precedentes jurisprudenciales relevantes.

Antecedentes y desarrollo del caso

La docente trabajó en secretarías de educación departamental y municipal por más de 9.300 días y solicitó el reconocimiento de su pensión en 2021, la cual fue inicialmente negada y posteriormente concedida mediante recurso administrativo. Ante la controversia, instauró demanda de nulidad y restablecimiento del derecho solicitando que se reconociera su pensión desde 2016, con inclusión de factores salariales del último año. Sin embargo, los juzgados de primera y segunda instancia aplicaron la Ley 100 de 1993, argumentando que la vinculación posterior a la Ley 812 de 2003 impedía el reconocimiento del régimen especial para docentes vinculados antes de dicha norma.

Consideraciones jurídicas y decisión del Consejo de Estado

El Consejo de Estado evaluó la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales y destacó que esta puede ser excepcionalmente procedente cuando se vulneran derechos fundamentales y se cumplen ciertos requisitos, entre ellos la relevancia constitucional y la existencia de defectos sustantivos o procedimentales en la decisión impugnada. En este caso, se concluyó que la autoridad judicial incurrió en violación directa de la Constitución y en defecto sustantivo al...