Antecedentes del caso

La acción de tutela fue interpuesta por una sociedad contra la Sala Especial de Decisión 14 del Consejo de Estado, con el fin de proteger su derecho fundamental al debido proceso. La tutela cuestionaba una sentencia del 17 de febrero de 2025 que declaró la falta de legitimación activa de la sociedad en un recurso extraordinario de revisión. Posteriormente, la magistrada ponente manifestó su impedimento para conocer y decidir el caso, basándose en la causal prevista en el numeral 6 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, que establece impedimento cuando un funcionario haya dictado la providencia que se revisa o haya participado en el proceso original.

Fundamento jurídico del impedimento

El Consejo de Estado, competente para decidir sobre el impedimento, recordó que estas causales buscan preservar la imparcialidad judicial y evitar conflictos de interés. La normativa aplicable proviene del Código de Procedimiento Penal y el Decreto 2591, que exigen que los jueces y magistrados se aparten cuando su imparcialidad pueda estar comprometida. En este sentido, se enfatizó que el impedimento es una medida legal destinada a garantizar que los funcionarios judiciales no tengan intereses directos ni posiciones previas que afecten la controversia que deciden.

Implicaciones y decisión

En el caso concreto, la magistrada manifestó el impedimento debido a su participación en la sentencia cuestionada, dictada por la misma Sala Especial de Decisión 14. El Consejo de Estado confirmó que esta causal es aplicable y declaró fundado el impedimento, ordenando apartar a la magistrada del conocimiento de la acción de tutela. Esta resolución refuerza el compromiso del órgano jurisdiccional con la transparencia y la...