Antecedentes del caso

Una universidad presentó acción de tutela contra un juzgado administrativo y un tribunal administrativo, alegando vulneración del derecho fundamental al debido proceso. La controversia surgió por decisiones judiciales que revisaron sanciones disciplinarias impuestas a una estudiante por presunto hurto. En primera instancia, el juzgado administrativo negó la nulidad de la sanción, pero el tribunal revocó esta decisión y declaró la nulidad de los actos disciplinarios, ordenando el levantamiento de las medidas sancionatorias y el pago de indemnizaciones. La universidad argumentó que los actos disciplinarios son meramente académicos y, por tanto, no susceptibles de control judicial ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, amparándose en la autonomía universitaria prevista en la Constitución y la Ley 30 de 1933.

Procedimiento judicial y argumentos

Durante el proceso, el juzgado y el tribunal analizaron la competencia para conocer de los actos disciplinarios y concluyeron que estos actos fueron expedidos en ejercicio de función administrativa, por lo que sí podían ser objeto de control judicial. La universidad presentó excepciones y alegatos de conclusión, señalando la falta de competencia de la jurisdicción contencioso administrativa para conocer sobre actos académicos. Sin embargo, este argumento no fue planteado oportunamente como excepción dentro del proceso, lo que impidió su consideración en las decisiones recurridas.

Consideraciones del Consejo de Estado

La Sala Quinta del Consejo de Estado revisó la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y recordó que esta acción es excepcional y subsidiaria, procediendo solo cuando no existan otros medios judiciales idóneos para proteger derechos fundamentales. El tribunal señaló que la universidad no agotó los medios ordinarios de defensa, pues no...