El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, se pronunció sobre la competencia para conocer una acción de cumplimiento presentada contra el Congreso de la República, en ejercicio de una acción prevista en la Ley 393 de 1997.

Fundamentos legales y competencia

Según lo establecido en los artículos 152.14 y 155.10 de la Ley 1437 de 2011, modificada por la Ley 2080 de 2021, la competencia para conocer en primera instancia las acciones de cumplimiento corresponde a los Tribunales Administrativos. En este caso, dado que el demandante tiene domicilio en San Andrés, la competencia recae en el Tribunal Administrativo de San Andrés. El Consejo de Estado concluyó que carece de competencia funcional para conocer la demanda en primera instancia y ordenó remitir el expediente a la Secretaría del Tribunal Administrativo de San Andrés para que se someta a reparto y se continúe con el trámite correspondiente.

Implicaciones de la decisión

Este criterio se fundamenta en que el Congreso de la República es una autoridad del orden nacional y que la distribución de la función judicial en materia de acción de cumplimiento se asignó a los tribunales administrativos en primera instancia. En términos prácticos, esta decisión implica que las acciones de cumplimiento dirigidas contra autoridades nacionales, como el Congreso, deben tramitarse inicialmente ante los tribunales administrativos del domicilio del accionante, garantizando así el respeto a las reglas de competencia establecidas por la ley. La remisión del expediente busca asegurar el correcto proceso judicial y evitar que el Consejo de Estado conozca asuntos que, por ley, no le corresponden en primera instancia.

Conclusión

Este pronunciamiento reafirma la...