El Despacho de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado resolvió un incidente de regulación de honorarios promovido por un abogado en contra del Cabildo Menor de una comunidad étnica. El caso se originó tras un proceso judicial relacionado con la nulidad de licencias ambientales y la suspensión de actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en el territorio de dicha comunidad.

Contexto y solicitud de regulación de honorarios

El profesional del derecho alegó haber celebrado un acuerdo de honorarios con la representación legal del Cabildo Menor, pactando un 30% sobre el valor obtenido como resultado del proceso. El abogado solicitó que se reconociera esa suma, equivalente a tres mil millones de pesos, como remuneración por sus servicios. Por su parte, el Cabildo Menor se opuso, argumentando que el acuerdo no fue producto de las actuaciones adelantadas por el profesional, que éste renunció tácitamente a su poder y que no se cumplían los requisitos legales para la procedencia del incidente.

Determinación sobre la terminación del poder

El Consejo de Estado concluyó que no existió renuncia expresa y formal del poder otorgado al abogado, requisito indispensable según el artículo 76 del Código General del Proceso. La renuncia tácita por abandono del proceso no está contemplada en la normativa vigente. Además, la designación de un nuevo apoderado evidenció que el poder del abogado fue revocado conforme a la ley.

Inexistencia de prueba del pacto de honorarios

El profesional no aportó el documento que acreditara el supuesto acuerdo del 30%, pese a tener oportunidad procesal para hacerlo. Durante el interrogatorio, el representante legal del Cabildo negó...