El Decreto 0302 de 2025, expedido por el Gobierno Nacional a través del Presidente de la República y varios ministerios, declaró el 18 de marzo de 2025 como un día cívico para la participación ciudadana, con el propósito de garantizar el legítimo derecho de la ciudadanía a expresarse públicamente en favor de reformas sociales que mejoren sus condiciones de vida y aseguren su dignidad. El decreto establecía que las entidades públicas de la Rama Ejecutiva del orden nacional adoptarían las instrucciones necesarias para que sus servidores públicos suspendieran actividades laborales y de atención al público en esa fecha, considerándola como un día no hábil laboralmente. Asimismo, las autoridades territoriales podrían adoptar medidas para facilitar el ejercicio del derecho a manifestarse de manera pacífica. La demanda fue presentada contra este decreto, invocando supuestas irregularidades como desviación de poder, falsa motivación y violación del principio de imparcialidad administrativa, argumentando que la declaración del día cívico perseguía fines políticos y no el interés general. En su respuesta, las entidades demandadas defendieron la legalidad del decreto, señalando que fue expedido en estricto cumplimiento de las facultades constitucionales y legales del Presidente de la República para conservar el orden público y garantizar derechos fundamentales, como la reunión y manifestación pública y pacífica. La Sala de lo Contencioso Administrativo destacó que el decreto tenía vigencia solo por el día 18 de marzo de 2025, por lo que al haberse cumplido esta fecha, el acto administrativo perdió fuerza ejecutoria y obligatoriedad. En consecuencia, la solicitud de suspensión provisional perdió su objeto, pues no es procedente suspender un acto que ya no...