Contexto y antecedentes del caso

Un particular interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Agencia Nacional de Minería, cuestionando la nulidad de dos resoluciones que rechazaron y archivaron su solicitud de minería tradicional y que resolvieron un recurso de reposición. Además, solicitó la orden para otorgar un contrato de concesión y pidió la inaplicación del artículo 325 de la Ley 1955 de 2019 por inconstitucionalidad, así como el pago de perjuicios materiales y morales. Subsidiariamente, pidió que se ordenara continuar con el trámite de formalización minera. Durante el proceso, se ordenó la práctica de un dictamen pericial para determinar posibles afectaciones emocionales del demandante debido al rechazo de su solicitud, y la toma de testimonio para acreditar perjuicios morales.

Solicitud y desistimiento del dictamen pericial

Para la elaboración del dictamen, el perito designado informó que los gastos necesarios ascendían a siete millones quinientos mil pesos ($7.500.000), sin incluir honorarios. El despacho judicial fijó un monto justificado de cuatro millones doscientos cuarenta mil pesos ($4.240.000) y ordenó al demandante consignar esta suma en un plazo máximo de cinco días para cubrir los gastos de la pericia. Se advirtió que la falta de pago implicaría el desistimiento de la práctica de la prueba, conforme al artículo 220 de la Ley 1437 de 2011, modificado por la Ley 2080 de 2021. El demandante no acreditó el pago de los gastos requeridos dentro del plazo otorgado. Aunque la Secretaría del Consejo remitió un oficio que pudo generar confusión sobre el término para consignar el dinero, el despacho judicial decidió tomar como fecha inicial para el cómputo...