Antecedentes del caso

En un proceso de reparación directa contra el Estado, se cuestionó la responsabilidad por privación injusta de la libertad. El Tribunal Administrativo confirmó en primera instancia la negación de las pretensiones de la demanda. Posteriormente, se concedió un recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia y se remitió el expediente al Consejo de Estado para su análisis. El Consejo inadmitió inicialmente la demanda por falta de subsanación de requisitos formales, decisión que fue impugnada mediante recurso de reposición y apelación. La parte actora alegó que no fue notificada adecuadamente de la providencia que requería subsanar la demanda, lo que vulneró el derecho al debido proceso, principalmente por tratarse de víctimas menores de edad.

Análisis y decisión del Consejo de Estado

El Consejo constató que la notificación de la providencia mediante estado electrónico no cumplió con los requisitos establecidos en el artículo 201 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). En particular, se omitió identificar a la parte demandante en el estado electrónico, lo que configuró un error grave que invalidó la notificación. Dicha irregularidad vulneró la legalidad del proceso, configurando causal de nulidad conforme al numeral 8 del artículo 133 del Código General del Proceso (CGP), que establece la nulidad cuando no se practican notificaciones en legal forma a las partes involucradas. Por ello, el Consejo decidió reponer la decisión que negó la solicitud de nulidad y, en su lugar, declaró la nulidad del auto que rechazó la demanda por falta de subsanación. Además, ordenó notificar nuevamente la providencia que inadmitió la demanda, esta vez garantizando el cumplimiento estricto de...