Contexto del proceso y demanda

El proceso se originó con una demanda contra apartados específicos del Decreto 1510 de 2013 y del Decreto 1082 de 2015, en los que se permite a entidades estatales celebrar contratos de prestación de servicios profesionales, de apoyo a la gestión y para trabajos artísticos con personas naturales o jurídicas. La demanda alegaba que esta autorización violaba el numeral 3º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, que establece que dichos contratos sólo pueden celebrarse con personas naturales. Además, se solicitó la suspensión provisional de estos apartados, argumentando un exceso en la facultad reglamentaria.

Decisión sobre la medida cautelar

El despacho sustanciador negó la suspensión provisional, señalando que la ley no establece una prohibición general para celebrar contratos con personas jurídicas en las modalidades indicadas. Se consideró que los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión constituyen una especie dentro del género de contratos de prestación de servicios, para los cuales no existe una prohibición expresa en la legislación vigente. La Sala concluyó que las normas impugnadas no exceden los límites de la facultad reglamentaria del Ejecutivo y guardan armonía con la Ley 80 de 1993.

Fundamentos jurídicos

La Sala recordó que la facultad reglamentaria del Presidente de la República es una potestad derivada y permanente para complementar las leyes, aunque limitada cuantitativa y cualitativamente. Esta potestad permite reglamentar con cierto grado de flexibilidad, especialmente en leyes de principios como la Ley 80 de 1993 sobre contratación estatal. Sin embargo, existen límites claros, como la prohibición de reglamentar materias reservadas exclusivamente al legislador. En el caso concreto, se destacó que la modificación temporal introducida por el Decreto Ley 165 de 1997, que permitía celebrar estos contratos con personas jurídicas, fue declarada inexequible, pero dicha decisión no implicó la prohibición absoluta de tales contratos. Además, el análisis sistemático de la Ley 80 y sus modificaciones indica que la capacidad para contratar con el Estado es amplia y no restringe expresamente la celebración de contratos de prestación de servicios con personas jurídicas.

Implicaciones y conclusiones

La decisión confirma que, en principio, las entidades estatales pueden contratar con personas jurídicas en las modalidades mencionadas, siempre y cuando respeten los condicionamientos legales y las modalidades de selección establecidas. La sentencia aclara que no existe una prohibición legal tajante, sino más bien un marco que condiciona y regula estas contrataciones para garantizar su idoneidad y legalidad. Esta confirmación de la negativa a la medida cautelar ratifica la validez de los apartados cuestionados en los decretos y reafirma el alcance de la facultad reglamentaria en materia de contratación pública. La decisión tiene efectos desde su ejecutoria y se remitió el expediente al despacho de origen para la continuación del proceso. Este análisis ofrece claridad sobre la posibilidad de contratar con personas jurídicas en contratos estatales de prestación de servicios, un tema relevante para funcionarios públicos, abogados y el público interesado en la contratación pública y el control jurisdiccional de la regulación administrativa.

CONTACTO

NUESTRO GRUPO

Consejo de Estado confirma negativa de medida cautelar sobre contratos de prestación de servicios con personas jurídicas

Contexto del proceso y demanda

Más noticias sobre Derecho Administrativo