Antecedentes del caso

La sentencia original, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar en 2011, fue modificada en 2016 por el Consejo de Estado, que ordenó a la Fiscalía General de la Nación reconocer y pagar indemnizaciones por daño material, lucro cesante y perjuicios morales a las víctimas directas y sus familiares. Sin embargo, se identificó un error en el nombre de una de las beneficiarias de la indemnización, lo cual impidió el pago correspondiente.

Corrección de la sentencia

El Consejo de Estado, haciendo uso de lo establecido en el artículo 309 del Código de Procedimiento Civil (CPC), procedió a corregir la parte resolutiva de la sentencia de 2016. El error consistía en la inclusión incorrecta del nombre de una beneficiaria, que fue subsanado para reflejar el nombre correcto. Esta corrección busca garantizar la correcta ejecución de la sentencia y el pago de las indemnizaciones reconocidas.

Implicaciones y cumplimiento

La corrección permite que el pago de la indemnización se realice a favor del único heredero legal de la beneficiaria fallecida, quien es menor de edad. Se destaca que hasta la fecha de esta corrección, la Fiscalía General de la Nación no había realizado el pago debido a la falta de actualización en la sentencia. Con esta providencia, se ordena notificar y cumplir con lo dispuesto, devolviendo el expediente al tribunal de origen para su ejecución.

Normativa aplicable y alcance

El proceso se rige por el Código Contencioso Administrativo y, en lo no previsto por este, por el Código de Procedimiento Civil. La corrección de sentencias es procedente únicamente para errores aritméticos o de palabras que afecten la...