Antecedentes del caso

En febrero de 2011, se interpuso una demanda de reparación directa por los familiares de cinco trabajadores fallecidos en una mina de carbón. La demanda fue dirigida contra la Nación, el Ministerio de Minas y Energía, el Instituto Colombiano de Geología y Minería (Ingeominas) y los beneficiarios del título minero. En 2017, el Tribunal Administrativo de Boyacá declaró la responsabilidad patrimonial de los beneficiarios del título minero, decisión que fue apelada por ambas partes. En marzo de 2024, el Consejo de Estado modificó parcialmente el fallo en cuanto a los perjuicios reconocidos. Posteriormente, uno de los beneficiarios del título minero solicitó aclarar y corregir la sentencia, argumentando la existencia de nuevos beneficiarios que actuaron de buena fe y solicitando que la condena no fuera solidaria sino proporcional según el certificado de registro minero. También pidió corregir la condena relacionada con el fallecimiento de una persona específica.

Consideraciones del Consejo de Estado

El Consejo recordó que, conforme al artículo 309 del Código de Procedimiento Civil, las sentencias son inmutables salvo para clarificar errores o confusiones que afecten su comprensión o alcance. No obstante, no es posible modificar decisiones ya definidas ni reabrir debates judiciales a través de estas figuras. Tras analizar las solicitudes, la Sala concluyó que no proceden porque: - El certificado de registro minero vigente indica claramente quiénes son los beneficiarios responsables de la reparación, sin establecer porcentajes de participación. - La condena solidaria fue establecida adecuadamente, y no fue objeto de controversia en la apelación. - No se aportaron pruebas ni se debatieron nuevos beneficiarios o la condición alegada para modificar la condena...