Antecedentes del caso

Un ciudadano presentó una acción de cumplimiento contra la Superintendencia de Puertos y Transporte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Secretaría de Tránsito de Valledupar, solicitando la anulación de multas impuestas mediante sistemas automáticos de detección de infracciones (SAST) conocidos como vehículos “caza infractores”, alegando que estos operaban sin autorización y sin garantizar el debido proceso, incluyendo la individualización del infractor y la notificación presencial. Además, requirió el retiro de estos vehículos y que la imposición de comparendos se realice de forma presencial, otorgando tiempo prudencial para el retiro del vehículo en caso de estacionamiento prohibido.

Respuesta de las autoridades y primera instancia

Las entidades demandadas argumentaron la falta de competencia o legitimación para responder a la acción. La Secretaría de Tránsito de Valledupar defendió que las multas se impusieron bajo los principios de legalidad y debido proceso, con agentes presentes en el lugar para operar los dispositivos tecnológicos. El Tribunal Administrativo del Cesar accedió parcialmente a las pretensiones, ordenando a la Secretaría de Tránsito cumplir con la entrega de copia del comparendo al presunto infractor, garantizando el debido proceso y rechazando otras pretensiones.

Decisión del Consejo de Estado

En segunda instancia, la Sala revocó la sentencia y rechazó la acción de cumplimiento respecto de la Superintendencia de Puertos y Transporte y varios artículos normativos. Destacó que la acción de cumplimiento es un mecanismo residual y no procedía para anular multas impuestas, ya que existen otros medios judiciales ordinarios para ello, como la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Asimismo, declaró la cosa juzgada sobre el cumplimiento de las normas relacionadas con el...